Valladolid (EFE).- Los sindicatos mayoritarios, CC.OO y UGT, recurrirán judicialmente los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2023, estudian una querella criminal contra el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y descartan del todo una huelga general al comienzo del próximo año.
Son algunos de los pasos anunciados, este jueves durante una rueda prensa, dentro del calendario de movilizaciones conjuntas iniciado el pasado noviembre contra el incumplimiento de los acuerdos firmados del Diálogo Social, el desmantelamiento del Servicio de Emnpleo (ECyl) y la supresión de las partidas destinadas al Serla (Servicio de Relaciones Laborales) y a políticas activas de empleo.
Lucha en la calle y en los tribunales
“Son unos presupuestos ilegales en una parte y hacen un gran recorte en políticas públicas que no vamos a aceptar: lucharemos en la calle y en los tribunales si persisten en eliminar el Diálogo Social y la representación sindical”, ha afirmado el secretario regional de CC.OO, Vicente Andrés.
El representante de CC.OO ha acusado a Vox de “secuestrar la voluntad del PP al obligarle a ‘tragar’ (para poder aprobar los presupuestos) con el incumplimiento de las leyes que ellos mismos han aprobado”, ha afirmado en referencia al Diálogo Social promovido por los populares y con acuerdos vigentes hasta 2023, 2025 y 2025.
Vicente Andrés ha recordado que los sindicatos no sólo representan a sus afiliados, sino a todos los trabajadores cuando negocian los convenios colectivos y median en los conflictos laborales dentro del Serla, por lo que ha animado al conjunto de la sociedad a participar el próximo 23 de diciembre en una “cadena humana y democrática”.
Este “cordón democrático”, según sus palabras, rodeará el edificio del parlamento autonómico el 23 de diciembre durante la celebración del pleno que aprobará los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023, presentados y defendidos por el gobierno autonómico configurado por el PP y Vox.
Recursos contencioso y de inconstitucionalidad
A esta medida de protesta le seguirá la vía judicial “porque estos presupuestos no tienen salida pacífica (dialogada)”, ha proseguido Vicente Andrés antes de anunciar la interposición inmediata y prácticamente simultánea de sendos recursos contra las cuentas generales del próximo ejercicio.
Se trata de un recurso contencioso-administrativo contra la exclusión de la representación sindical en los presupuestos y de otro de inconstitucionalidad “porque nos elimina de los mismos” (a los sindicatos), y que requiere, para su interposición, del respaldo de al menos medio centenar de senadores.
En estudio querella contra García Gallardo (Vox)
A ellos se unirá la exploración de la vía del Defensor del Pueblo y una querella criminal, en fase de estudio, contra el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), que posiblemente iría sustentada en las acusaciones de “odio” y de sesgo “ideológico” en la gestión de recursos y servicios públicos.
“Vox quiere eliminar a los sindicatos porque es su principal estorbo como ya hizo Margaret Thatcher en los años 80 (en Reino Unido). Este partido repetir la misma historia para implantar un sistema de consecuencias peligrosas”, ha añadido Vicente Andrés antes de pedir la intervención del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), para impedir “un gobierno radical”.
Elecciones anticipadas
Más lejos ha ido el secretario regional de UGT, Francisco Temprano, quien ha pedido a Fernández Mañueco que prescinda de los cuatro consejeros de Vox (Empleo/Agricultura/Cultura), la disolución de las Cortes regionales y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas “dada la situación dramática que a partir de 2023 van a tener los colectivos menos favorecidos”.
A todo ello ha añadido el agravante de los indicadores económicos que asignan a Castilla y León un aumento del desempleo y de los precios, así como una disminución de la población activa que, en su opinión, se traducirá en términos de “despoblación y desequilibrios territoriales”.
“Las posturas de Vox son discriminatorias y xenófobas, es un auténtico desastre para Castilla y León, la Consejería de Empleo ha dado por finiquitado el Diálogo Social”, ha añadido entre otras quejas antes de anunciar más movilizaciones el próximo febrero, con motivo del aniversario del Estatuto de Autonomía y, un mes antes de las elecciones municipales, en torno al Día de la Comunidad (23 de abril).
La Junta no teme a los recursos
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha expresado este jueves su respeto por la protesta convocada para la próxima semana por UGT y CCOO, que consiste en rodear las Cortes para alertar de las consecuencias del Presupuesto para 2023 que prevén aprobar PP y Vox, ya que lo ven contrario a la Constitución y el Estatuto de Autonomía y lo recurrirán ante los tribunales de Justicia.
