León (EFE).- La Junta de Castilla y León ha aprobado la concesión directa de ayudas por importe de 1.864.500 euros a 339 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales cuyas explotaciones se han visto afectadas por los incendios forestales registrados durante el verano de 2026 en la Comunidad, según publica este martes el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).
La medida forma parte del paquete de actuaciones impulsado por el Ejecutivo autonómico para la recuperación de las zonas damnificadas por los fuegos y contempla una ayuda mínima de 5.500 euros por beneficiario, que será abonada en un único pago.
La orden, firmada por el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, da cumplimiento al acuerdo aprobado por la Junta el pasado 13 de agosto tras la declaración de actuaciones extraordinarias para paliar los daños ocasionados por los numerosos incendios que han afectado a Castilla y León durante este verano.
Los beneficiarios son titulares de explotaciones agrarias ubicadas en municipios incluidos en las resoluciones de la Vicepresidencia Segunda de la Junta del 30 de julio y del 4 de agosto, que identifican las localidades afectadas por los grandes incendios forestales.
La Administración autonómica justifica la concesión directa de las ayudas por la necesidad de dar una respuesta urgente a un sector que ha sufrido graves pérdidas económicas como consecuencia del fuego. Según recoge la orden, los incendios han provocado la quema de superficies agrícolas, la destrucción de colmenas, daños en instalaciones y la muerte o desaparición de ganado, además de la pérdida de hábitats y recursos naturales esenciales para la actividad agroganadera.
La Junta considera que concurren razones de interés público, social y económico que justifican una tramitación excepcional, con el objetivo de compensar parcialmente las pérdidas sufridas y contribuir al mantenimiento de la actividad agraria y del empleo en las zonas afectadas.
Hasta 25.000 euros por explotación
La ayuda de 5.500 euros constituye una cuantía mínima garantizada para cada explotación profesional afectada. No obstante, la orden prevé que este importe pueda incrementarse en futuras resoluciones hasta un máximo de 25.000 euros por beneficiario, en función de la superficie agrícola dañada, el número de animales fallecidos, perdidos o sacrificados o las colmenas destruidas.
Los baremos concretos para calcular esas compensaciones adicionales se fijarán en próximos acuerdos.
En el caso de los agricultores profesionales cuyos daños en superficies agrícolas superen la cuantía mínima establecida, no será necesario presentar una declaración responsable para optar al incremento de la ayuda, al poder ser evaluados los daños mediante las bases de datos y sistemas gráficos y satelitales de la Consejería. Sin embargo, sí se exigirá esa declaración a quienes hayan sufrido pérdidas de ganado o colmenas que excedan la ayuda inicial.
La orden también aclara que los agricultores y ganaderos no profesionales no percibirán esta ayuda mínima automática, aunque podrán acceder a futuras compensaciones en función de los daños declarados, siempre que hayan presentado la solicitud única de la PAC de 2026 en Castilla y León o figuren en los registros oficiales correspondientes.
Las subvenciones se entenderán aceptadas desde el momento de la publicación de la orden en el BOCyL debido a las especiales circunstancias de fuerza mayor que rodean la emergencia. La Junta verificará previamente que los beneficiarios se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social antes de proceder al pago.
La finalidad de estas ayudas es garantizar la viabilidad de las explotaciones agrarias afectadas, preservar el tejido productivo de las zonas rurales damnificadas y favorecer la recuperación de la actividad económica tras una campaña marcada por los incendios forestales más graves registrados este verano en la Comunidad. EFE
