Barcelona (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado la ejecución provisional de la sentencia que él mismo publicó en septiembre pasado y que recortaba el decreto de la Generalitat de 2024 que blinda el catalán como lengua vehicular de la escuela catalana.
La decisión, que responde a un recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), ha provocado una cascada de reacciones en defensa del modelo lingüístico de la escuela en Cataluña, entre ellas la del Govern, que ha asegurado que «no tiene ninguna afectación inmediata» y que «no altera la actividad ordinaria en los centros educativos».
En concreto, la sección quinta de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJC ha emitido un auto que «declara provisionalmente ejecutables los pronunciamientos meramente declarativos que contiene el fallo de la sentencia», que declaró la nulidad parcial de los artículos 2, 4, 6, 7, 9, 10, 18, 19, 24, 33 y 34.
Estos artículos hacían referencia a cuestiones como la consideración del catalán como lengua vehicular y de aprendizaje, así como de idioma habitual en la actividad docente y administrativa.
También se refería al uso del catalán en comunicaciones con familias o materiales didácticos y como lengua de acogida del alumnado recién llegado del extranjero.

El decreto no se ha aplicado este curso
En un comunicado, el Departamento de Educación y Formación Profesional ha recordado que el decreto sobre el catalán en la escuela «ya estaba suspendido cautelarmente» y «no se había aplicado» este curso 2025-26.
«En consecuencia, no hay ningún cambio operativo derivado de la decisión del TSJC», subraya.
La conselleria ha destacado que los documentos para la organización y la gestión de los centros educativos continúan siendo «plenamente vigentes», incluyendo los criterios de uso lingüístico, y que el catalán sigue siendo la lengua vehicular en aplicación del marco legislativo actual (Ley 8/2022, del decreto ley 6/2022 y de la LEC -Ley de Educación de Cataluña-).
Illa muestra su «compromiso» con el catalán
Tras la publicación del auto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmado «el compromiso» del Govern con la defensa de la lengua y del modelo de escuela catalana, mientras que el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha anunciado que el ejecutivo catalán recurrirá esta última decisión del TSJC.
Tras anunciar que el Govern recurrirá la última decisión del TSJC, Dalmau ha afirmado también que el ejecutivo «ha defendido, defiende y defenderá antes, ahora y siempre el modelo de escuela en catalán».
Defensarem el català i l'escola catalana fins al final.
— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) March 30, 2026
Posarem a l'abast tots els recursos polítics i jurídics necessaris per a la seva defensa. pic.twitter.com/3Aq4jkyZ7L
Desde la oposición al Govern, JXCat ha solicitado la comparecencia de Illa para que responda en el Parlament sobre los pasos que va a dar ante este caso de «injerencia judicial», mientras que ERC ha pedido «valentía» a Illa y «una respuesta de país», y Comuns ha instado al presidente catalán a «agotar las vías» para no aplicar el fallo del TSJC.
El PPC se ha mostrado confiado en que se acabe ejecutando la sentencia sobre el catalán en los términos en los que está dictada y ha subrayado que «no se puede tratar la lengua castellana en Cataluña como si fuese una lengua extranjera».
AEB: El modelo lingüístico carece de cobertura legal
Por su parte, la asociación AEB señala, en un comunicado, que «el auto del TSJC confirma que el núcleo del modelo lingüístico vigente, basado en la exclusión del castellano como lengua de enseñanza, carece actualmente de cobertura legal».

La asociación ha señalado que la decisión judicial dejaría sin efecto cualquier sanción o expediente abierto a profesores o alumnos por el uso del castellano y ha asegurado que está prestando apoyo jurídico a docentes con multas por ello.
Ustec, el principal sindicato de la educación en Cataluña, ha reclamado al Govern que no aplique el auto judicial y le ha instado a convocar «de manera urgente» una reunión con los sindicatos para «trabajar medidas que garanticen la protección y la seguridad jurídica del profesorado». EFE










