València (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de València, María José Catalá, y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos, al parecer, en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.
También constan como investigadas la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, y la de Educación, Igualdad y Deportes, Rocío Gil, además de cuatro trabajadores públicos (Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner).
Tras conocerse la investigación, Catalá ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento, y ha dicho que la actuación de Anticorrupción es «un trámite» que se hace «con absoluta normalidad», pues la Fiscalía siempre abre diligencias tras una denuncia.
Compromís había denunciado «maniobras administrativas»
Compromís denunció el pasado febrero «una serie de maniobras administrativas» que, según esta formación, habrían servido para orquestar una «subrogación encubierta» de estos trabajadores hacia otras instituciones públicas.
Fuentes fiscales han añadido que las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Según explicó la portavoz de la coalición valencianista en el Consistorio, Papi Robles, «no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de València lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando personas» a las que ya se había señalado en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.
La coalición valencianista considera que se trata de unos hechos “muy graves” que apuntan a un uso partidista de las instituciones.
Este martes, en rueda de prensa, la portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha lamentado que Catalá «ha convertido el ayuntamiento en una agencia de colocación para los suyos, una presunta red clientelar utilizando recursos públicos para beneficiar a su entorno”, ha denunciado.
Los hechos denunciados
Según ha detallado, los hechos se remontan a abril de 2024, en el momento en que el Consorcio València 2007 -presidido por la propia alcaldesa- se encontraba en proceso de liquidación y despedía a su plantilla. “Mientras a unas personas las enviaban a la calle, otras ya tenían preparado su futuro con plazas a medida en distintos organismos públicos. Es indecente y profundamente injusto”, ha señalado.
Por su parte, el concejal de Compromís Ferran Puchades ha detallado el funcionamiento de la presunta trama. “En abril de 2024, mientras el Consorcio se liquidaba, tres organismos públicos lanzaron simultáneamente siete convocatorias de puestos directivos con requisitos muy restringidos. No es casualidad: el sistema estaba diseñado para que solo pudieran acceder determinadas personas”, ha explicado.
Se trataba, ha indicado, de personas a las que iban a despedir de una entidad pública pero que «ya tenían su futuro resuelto».
Este edil ha destacado un «elemento clave»: un acta notarial firmada antes de resolverse los procesos en la que ya se anticipaba quién ganaría algunas de las plazas.
“No era una intuición, era el conocimiento de un sistema que estaba preparado. Y, efectivamente, las personas que se mencionaban acabaron obteniendo los puestos”, ha afirmado.
El informe de la Intervención General del Estado
Además, un informe de la IGAE también pone en duda la legalidad de los procesos selectivos al advertir de que podrían haber vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad.
“Las funciones de los puestos estaban vinculadas a la liquidación del Consorcio. Es decir, las plazas se diseñaron pensando en dos personas concretas”, ha señalado el concejal.
Desde la formación valencianista también han puesto el foco en el papel del concejal José Marí Olano, a quien diversos testimonios señalan como pieza clave en la articulación de esta operativa.
“Es muy significativo que quien aparece en todos los relatos como artífice de esta trama no figure todavía en la investigación. Olano es la mano que mueve los hilos en la sombra en muchas de las decisiones más opacas de este gobierno, y esperamos que la investigación llegue hasta el final”, ha advertido Puchades.
Catalá defiende la actuación del Ayuntamiento
La alcaldesa de València ha defendido la legalidad de la actuación del Ayuntamiento, y ha dicho que la actuación de Anticorrupción es «un trámite» que se hace «con absoluta normalidad».
Según ha señalado Catalá a los medios de comunicación, la Fiscalía siempre abre diligencias tras una denuncia, y ha explicado que el proceso de recolocación de personal tras la disolución del Consorcio Valencia 2007 ha sido «totalmente trasparente» en el caso del Ayuntamiento, al que solamente afecta el caso de un trabajador que pasó a la Fundación Visit València.
En esta fundación sin ánimo de lucro participan el Ayuntamiento de València, la Cámara de Comercio, Feria Valencia, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Turisme Comunitat Valenciana, la Diputación provincial y empresas del sector turístico.
«Estamos hablando de una persona, un empleado público, que trabajaba en el Consorcio Valencia 2007 como auxiliar administrativo y que accedió a través de un procedimiento de concurso oposición, totalmente transparente, a una plaza en la Fundación Visit València», ha manifestado la alcaldesa.
Catalá ha explicado que, tras la disolución y liquidación del Consorcio Valencia 2007 -entidad creada para las dos ediciones de la Copa del América de vela que albergó la ciudad-, fueron los concejales de Compromís los que pidieron que se evitaran los despidos en una moción en el pleno del Ayuntamiento: «Por tanto, el mismo denunciante, que es Compromís, pedía a través de una moción aquello que ahora denuncian, pedían que reasignáramos a dedo a los once trabajadores en la administración pública», ha remarcado.
La respuesta de la Autoridad Portuaria de Valencia
Por su parte, la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ha señalado que «no informa de los trámites realizados en el marco de los procesos judiciales en marcha» que, consideran estas fuentes, «forman parte de una instrucción».
«Obviamente, la APV facilita siempre la documentación e información requerida por cualquier órgano fiscalizador», han concluido desde la entidad que preside Mar Chao, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias al parecer cometidos en procesos de colocación de personal, según ha informado Compromís, que denunció estos hechos el pasado mes de febrero, y han confirmado fuentes fiscales.
