València (EFE).- Veinte años se cumplen este viernes del accidente de metro de València de 2006 que dejó 43 muertos y 47 heridos, aunque hubo que esperar a 2016 para que Les Corts concluyeran que hubo «13 responsables» políticos y a 2020 para que la justicia condenara a cuatro exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).
La mayor tragedia de metro en España ocurrió a las 13:06 del 3 de julio de 2006, cuando un convoy de la línea 1 de FGV con 150 personas a bordo descarriló cerca de la estación de Jesús tras tomar a 80 kilómetros por hora una curva que tenía la velocidad marcada a la mitad, aunque no había un sistema de frenado automático.
Ese lunes negro comenzó un largo recorrido político -con dos comisiones parlamentarias de investigación que aprobaron conclusiones opuestas-, social -protagonizado por una asociación de víctimas que perseveró en la búsqueda de «la verdad»-, y judicial -que concluyó tras varios archivos y reaperturas con un acuerdo que evitó el juicio-.
El recorrido político
Once días después de la tragedia, que se produjo cuando Francisco Camps presidía la Generalitat y Rita Barberá la alcaldía de València, Les Corts Valencianes abrieron una comisión de investigación que ese agosto concluyó, gracias a la mayoría absoluta del PP, que el accidente fue «inevitable e imprevisible», se debió al exceso de velocidad, que la seguridad era suficiente y descartó responsabilidades políticas.
Por el contrario, la oposición de izquierdas sostuvo que el accidente pudo evitarse, que la seguridad de la Línea 1 tenía carencias y que debían asumirse responsabilidades políticas, además de reprochar la rapidez en cerrar la investigación parlamentaria.
En 2015, tras el cambio de gobierno autonómico, la izquierda impulsó una segunda comisión de investigación, que nueve meses después concluyó, con el voto en contra del PP, que la línea 1 no era segura y atribuyó a 13 personas responsabilidades, entre ellas al expresident Camps, que nunca recibió públicamente a las víctimas, y al exconseller Juan Cotino por «el intento de comprar el silencio de las víctimas».
El recorrido social
El accidente conmocionó a la sociedad y a los familiares de los fallecidos, que vieron cómo solo un día después se celebraba en la Catedral de València con presencia de los reyes el funeral por 41 víctimas -dos heridos murieron más tarde- y ese sábado el papa Benedicto XVI, que visitaba la ciudad por el V Encuentro Mundial de Familias, rezaba en el lugar del siniestro.
Cuando los familiares empezaron a asimilar la tragedia, buscaron respuestas -no se creían la versión oficial de que el accidente se debió solo al exceso de velocidad y de que la culpa era del maquinista, fallecido en el accidente- y un grupo constituyó la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de julio (AVM3J), que entre noviembre de 2006 y julio de 2015 celebró 105 concentraciones el día 3 de cada mes.
Hasta que se quitaron las camisetas con el lema ’43 muertos + 47 heridos = 0 responsables’, tuvieron que vivir el cambio de nombre de la estación del accidente (se recuperó en 2016), el «apagón» de Canal 9 -que solo entrevistó a la presidenta de la asociación el día que cerró la cadena-, y un olvido social que cambió a apoyo masivo tras la emisión en 2013 de un programa de televisión de ámbito nacional.
El recorrido judicial
La causa judicial vivió varios archivos del Juzgado de Instrucción 21 de València: en 2007, al considerar que la responsabilidad penal quedó extinguida con el fallecimiento del conductor del convoy y que el exceso de velocidad fue el motivo determinante del descarrilamiento, y en 2017, tras la reapertura ordenada tres años antes por la Audiencia de Valencia.
Un recurso de la Fiscalía permitió reabrir en 2018 la causa por tercera y última vez, pues la instructora acordó el procedimiento abreviado contra ocho exdirectivos de FGV y el Juzgado de lo Penal 6 fijó para enero de 2020 un juicio que no llegó a celebrarse, ya que cuatro procesados aceptaron 22 meses de prisión tras declararse culpables y los otros cuatro quedaron absueltos tras la retirada de cargos.
Entre los absueltos estaba la exgerente de FGV Marisa Gracia, a quien el Tribunal Superior de Justicia valenciano reconoció en octubre de 2025 el derecho a ser indemnizada con 99.343 euros por daños y perjuicios derivados del dictamen de la comisión de investigación de 2016, que la señaló como una de las 13 responsables del accidente. Les Corts recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo, que en abril admitió a trámite el recurso.
