Madrid (EFE).- Sindicatos y organizaciones sociales intentan movilizar a la ciudadanía este miércoles 11 en una huelga general atípica, que busca defender el derecho a la vivienda y mejores salarios, y que ha sido cuestionada por la patronal y la oposición al celebrarse en vísperas del comienzo de la campaña electoral.
La convocatoria comenzó a gestarse al calor de las movilizaciones por el derecho a la vivienda, a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal, y bajo el impulso de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y organizaciones sindicales como CGT y CNT.
La decisión de CCOO y UGT de sumarse a la convocatoria trascendió horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre.
La primera en 14 años
La fecha del 11 de noviembre se fijó un par de días después entre todas las organizaciones, que también acudieron juntas a registrar en el Ministerio de Trabajo la convocatoria de la que será la primera huelga general de 24 horas secundada por las dos centrales mayoritarias en 14 años y la primera que se celebra con unas elecciones generales ya convocadas.
Desde el primer momento, los sindicatos han señalado que la huelga general estaba pensada antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que disolvía las Cortes Generales.
Y han subrayado que los destinatarios son varios, empezando por la patronal CEOE, a la que exigen abrir ya las negociaciones salariales con un nuevo acuerdo de negociación colectiva (AENC), para seguir por las distintas Administraciones Públicas, CCAA y Gobierno central.
La convocatoria provocó el rechazo de la CEOE, que anunció su intención de impugnarla por considerarla «ilegal y política», aunque finalmente no ha concretado esa iniciativa antes de su celebración.
El PP pidió que se desconvoque
También la han criticado el PP y Vox, que consideran que se trata de una huelga política «contra la oposición» en mitad de un proceso electoral y recuerdan que en los ocho años anteriores no se ha convocado ninguna contra el Ejecutivo.
Tras el accidente ferroviario de Urda, el PP pidió directamente a los sindicatos desconvocarla.
«Reconsideren esa huelga, convocada contra la oposición», afirmó el líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, quien añadió que antes era «un profundo error de concepto», pero 69 muertos después «es un grave error».
Los sindicatos defendieron su derecho a mantener una convocatoria que, incidieron, también busca impulsar la inversión en servicios públicos.
«No vamos a desconvocar la huelga general, no hay ninguna razón para desconvocarla», subrayaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.
El Gobierno ha defendido que el derecho a huelga es fundamental mientras pedía que no se «utilice políticamente el dolor de las victimas».
«Las movilizaciones sociales del 11N van a ser muy potentes (…) Somos optimistas respecto al seguimiento de la huelga», defendía esta misma semana el secretario general de CCOO, Unai Sordo, que reconocía, no obstante, el «cambio en el estado de ánimo del país por el shock» tras el accidente ferroviario.
Los sindicatos ya venían avanzando que el 11N sería una huelga general atípica y situaban la clave de su éxito en que las manifestaciones de la tarde sean masivas, más que en parar el trabajo en el país.
En esta ocasión, explicaron en un desayuno organizado por EFE y RTVE, la valoración del seguimiento deberá prolongarse hasta el final de la jornada, cuando concluyan las manifestaciones convocadas en todo el país.
