Madrid (EFE).- El juez del Supremo Leopoldo Puente ha decidido este miércoles mantener al exministro de Transportes José Luis Ábalos en libertad con medidas cautelares, en un auto en el que ha puesto el foco sobre una legislación que permite a un diputado seguir en su escaño pese a la existencia de indicios sólidos de que ha cometido graves delitos.
«Se trata, creo, de un buen motivo para la reflexión», ha escrito el magistrado tras dejar constancia del «natural estupor» que, a su juicio, provoca que un acusado de graves delitos de corrupción durante su etapa como ministro siga ejerciendo «las altas funciones» de un diputado, como «el control de la acción del Gobierno y la aprobación de normas con rango de ley».
Puente ha mencionado en su auto el artículo 21 del Reglamento del Congreso, que regula las causas por las que un parlamentario puede ser suspendido en sus derechos y funciones parlamentarias y ha sugerido su reforma hacia un texto más exigente.
Lo que dice ese artículo es que los diputados quedarán suspendidos en sus derechos y deberes parlamentarios cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el auto de procesamiento, se hallar en en situación de prisión preventiva y mientras dure ésta.
Ni prisión preventiva ni auto de procesamiento
Es decir, plantea tres requisitos, de los que en el caso de Ábalos solo se da el suplicatorio, dado que no hay ni prisión preventiva, ni auto de procesamiento.
Aún así, fuentes próximas a la presidencia del Congreso han advertido, basándose en la interpretación del reglamento, que en auto firme de procesamiento no puede haber en un caso como este, que se sigue como un procedimiento abreviado, por lo que si el juez lo hubiese mandado a prisión preventiva el diputado habría perdido sus derechos y obligaciones.
Una interpretación que no es compartida por otras fuentes jurídicas, que señalan que habría que esperar al auto equivalente al procedimiento aplicado por el Supremo, es decir el auto de transformación en procedimiento abreviado que se espera en próximas fechas.
El juez Puente ha ido más allá al sugerir un cambio legal para poder desposeer a un diputado de sus derechos y funciones (desde el voto hasta el salario) sin necesidad de dictar una prisión preventiva.
