Madrid (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley que reducirá el número de alumnos en las aulas y el horario lectivo de los docentes, que será de un máximo de 23 horas semanales en primaria y de 18 en secundaria a partir del curso que viene.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado tras el Consejo de Ministros que el anteproyecto trata de «mejorar la calidad» de la Educación y reducir la carga de los docentes con una disminución de las ratios en las clases, con hasta 22 alumnos en Educación Primaria y 25 en Secundaria.
Además, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas.
El anteproyecto de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria se ha aprobado en primera vuelta tras haber sido pactado con los sindicatos de la enseñanza pública docente y deberá volver al Consejo de Ministros para su aprobación final.
El Gobierno espera que el futuro proyecto de ley sea tramitado por las Cortes Generales a partir de enero o febrero y confía en un apoyo mayoritario de todas las formaciones políticas, también de Junts.
«Creo que es un objetivo compartido. Todos queremos mejorar las condiciones de los docentes y las primeras impresiones con quienes compartimos este anteproyecto son positivas», ha dicho Alegría tras recordar que las últimas leyes educativas como la de Enseñanzas Artísticas o la de Formación Profesional tuvieron un apoyo mayoritario.
Alegría ha señalado que muchas comunidades ya trabajaban con estos horarios lectivos, que fueron sugeridos en 2019, aunque ha puntualizado que a partir del curso que viene serán obligatorios.
Además empezarán a dialogar con las comunidades autónomas y también espera «un apoyo generalizado».
El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en infantil, primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.
Bajada de ratios progresiva
Las nuevas ratios en las aulas serán para primaria y secundaria, que son las enseñanzas obligatorias, aunque se hará de forma progresiva.
El calendario de aplicación prevé que en el curso 2027/2028 entren en vigor las ratios para infantil y primaria; en 2028/2029 las de secundaria; y en 2029/2030 la de bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.
Alegría ha explicado que una vez aprobado el proyecto de ley, en el plazo de seis meses se tendrá que modificar el real decreto que rige las enseñanzas de infantil y de bachillerato para que también se vean afectadas en esta disminución del alumnado.
«El presidente del Gobierno ha utilizado muchas veces una frase y una expresión que creo que recoge el sentido de este anteproyecto de ley; que si queremos cuidar a los que nos cuidan, si queremos cuidar a los que nos enseñan, desde luego tenemos que estar al lado de los docentes de nuestro país, porque claramente en ellos está el futuro de nuestro país», ha recalcado Alegría.
Centros más vulnerables
El Gobierno además elaborará un índice de vulnerabilidad socioeconómica que servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad.
Sindicatos docentes
Los sindicatos públicos de la Enseñanza no universitaria valoran que se rebaje por ley el número de alumnos en las aulas pero insisten en que su implantación debe ser inmediata y no progresiva y tiene que afectar a todo el alumnado con necesidades de apoyo y no solo con necesidades educativas especiales (NEE).
El secretario de Enseñanza Pública, Héctor Adsuar, ha recordado en un comunicado que las mejoras laborales deben continuar en las mesas de negociación con el Ministerio de cara a la elaboración del nuevo Estatuto Docente y ha señalado que darán «la batalla en todos los frentes», también para igualar la categoría de maestros a la de docentes y para una mejor jubilación anticipada y gratificada.
Reducción de la burocracia, recuperación del 100 % de las pagas extraordinarias, mayor prevención de riesgos psicosociales o aumentar los recursos dirigidos a la orientación son las asignaturas pendientes que están sobre las mesas negociadoras.
