Marcos Díaz |
Zaragoza (EFE).- Con los precios de compra y alquiler disparados y un acceso cada vez más difícil, la vivienda se ha convertido en el principal problema de los aragoneses, seguida muy de lejos por la sanidad, una circunstancia que, cuando media una campaña electoral, se convierte también en arma arrojadiza y en soluciones contrapuestas a este gran escollo para los ciudadanos.
Fue el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) el que colocaba la semana pasada a la vivienda como el primer problema para el 22,1 % de los encuestados en la comunidad aragonesa, seguida de la sanidad, que se quedó en el segundo lugar del listado (13,8 %).
Circunstancia que cobra sentido atendiendo a las cifras, ya que, por ejemplo, el precio de la vivienda en Aragón alcanzó en el tercer trimestre de 2025 un crecimiento interanual del 14,6 %, lo que la coloca como la segunda comunidad con el dato más alto, solo por detrás de Murcia (15 %).
En cifras absolutas, el informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza situaba en 1.686 euros por metro cuadrado el precio residencial en Aragón en el tercer trimestre del año pasado.

Todo ello, en un contexto complejo, pues la configuración territorial de la comunidad encuentra en el área de la capital aragonesa y en otros puntos, como las zonas turísticas de los Pirineos, zonas cada vez más tensionadas.
Entrando en el terreno del alquiler, la situación no es muy diferente, pues Aragón llegó a marcar en diciembre del pasado año un precio medio de 10,4 euros el metro cuadrado y un crecimiento interanual del 9,9 %, atendiendo a los datos del portal Idealista.
Una cifra todavía más alta en Zaragoza, ciudad que llegó a los 10,7 euros por metro cuadrado, según la misma fuente.
El ladrillo, munición para las trincheras políticas
En este contexto, no es de extrañar que la vivienda sea uno de los principales temas para las fuerzas que concurren a los comicios autonómicos del 8 de febrero y uno de los asuntos con los que atacar o sacar pecho ante el electorado.
En el caso del PP, su candidato, Jorge Azcón, ya se detuvo en este asunto el mismo día que comenzó la campaña, el pasado viernes, al prometer no menos de mil viviendas para jóvenes al año.
Para el popular, el problema que sufre este colectivo «no es casualidad» y lo achacó a los ocho años anteriores de gobierno del PSOE, en los que se hicieron «86 viviendas en total», dato que puso en contraste con las «casi 3.000» que, según expresó, se han hecho en dos años y seis meses de gobierno del PP.
«Aragón hace la mejor política de vivienda que se hace en España», dijo entonces Azcón, que cuenta con un plan, el de ‘Aragón Más Vivienda’, pensado «para todos».
Para Alegría, la vivienda es una «prioridad»
Para el PSOE, la vivienda es una «prioridad», como destacó su candidata, Pilar Alegría, en el debate con Azcón celebrado el lunes, y entre sus propuestas está que el alquiler público no exceda los 500 euros mensuales.
La socialista recordó también recientemente que siete de cada diez aragoneses viven en zonas tensionadas y avanzó que, si gobierna, aplicará la ley nacional de vivienda, medida que, según los socialistas, permitirá reducir los precios de los alquileres.
Y todavía en diciembre, la candidata del PSOE reivindicó la necesidad de poner en marcha vivienda pública y abandonar «ese modelo que han planteado las dos derechas, que es un modelo de negocio y de privatización».
Precisamente, por parte de Vox, la solución pasa por la liberalización de suelo no protegido y lanzar un plan para llegar al menos a 7.000 viviendas al año al final de la legislatura, como anunció este domingo su candidato, Alejandro Nolasco.
Okupación
Un día después, también se refirió a este asunto al recalcar que «hay que echar a los okupas de una puñetera vez» y al criticar las medidas del PP, cuyo plan pasa por «hacer pisos de 30 metros cuadrados», poner nombres en inglés «para que suene mejor», como ‘cohousing’, y que «un señor de 80 años tenga que convivir con una chica de 19».
Por parte de Podemos, Ione Belarra, en su visita a Zaragoza del pasado viernes, sostuvo que la falta de políticas públicas en ámbitos como la vivienda contribuyen al crecimiento de la extrema derecha.
Y su candidata para el 8 de febrero, María Goikoetxea, afirmó al día siguiente que el voto al PSOE asegura hacer «regalos fiscales a los rentistas».
Por parte de CHA, su candidato, Jorge Pueyo cree que «la vivienda es un derecho fundamental y no puede estar sometida a la especulación ni al mercado, que expulsa personas y vacía pueblos».

Por ello, desde la formación aragonesista apuestan por avanzar hacia un pacto social y político e impulsar y aprobar una ley que proteja este derecho fundamental y que promueva la rehabilitación.
«Precarización de amplias capas de la población»
La visión de IU-Movimiento Sumar no está muy alejada y su candidata, Marta Abengochea, señala que «la vivienda se ha convertido en el principal factor de expulsión y precarización de amplias capas de la población, especialmente de jóvenes y familias trabajadoras».
Así, desde estas siglas abogan por crear una ley autonómica que priorice el derecho a un hogar digno, frene la especulación inmobiliaria, regule las viviendas turísticas, aumente el parque público de alquiler y mejore la protección de las familias frente a los desahucios y el aumento de precios.
En cuanto a Aragón-Teruel Existe, a lo largo de la campaña ya se han detenido en diversas ocasiones en la vivienda, una cuestión que, por ejemplo, aborda su ‘Plan Pirineos’, que incluye promoverla con residencias para trabajadores, «pero también vivienda de protección oficial para atender a los residentes de las cuatro comarcas pirenaicas», explicó su candidato, Tomás Guitarte.
Y por parte del PAR, su programa contempla atender el impulso de vivienda pública en las zonas con mayor carencia y dificultades, como las turísticas. El Partido Aragonés también prevé crear una línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas en las que habiten mayores y dependientes y abogan por que la okupación «se resuelva con la mayor agilidad posible».