Madrid (EFE).- Más de una veintena de ONG denuncian un mercado negro que cobra a personas migrantes hasta 500 euros a cambio de un empadronamiento y que se lucra de las trabas contrarias a la ley que los extranjeros enfrentan para conseguir un documento que les da acceso a servicios y prestaciones básicas.
La Coordinadora Estatal Padrón por Derecho, que agrupa a más de veinte organizaciones incluidas Oxfam, Red Acoge o la Coordinadora de Barrios, ha elaborado un informe donde expone las dificultades que los migrantes y las personas vulnerables, como los sinhogar, encuentran para ejercer un derecho, el empadronamiento, recogido por ley.
Redes organizadas
A través de un análisis basado en situaciones detectadas por ONG, fuentes abiertas y publicaciones de prensa, alertan de la existencia de redes organizadas que venden inscripciones en el padrón y cobran hasta 500 euros a los migrantes.
Los captadores emplean desde el boca a boca a plataformas de internet de compraventa de segunda mano y anuncios, donde camuflan sus ofertas en anuncios sobre habitaciones, con derecho a padrón.
En algunas ocasione establecen cuotas de renovación, con amenaza de dar de baja a la persona, en una forma, alertan, de extorsión.
«Las tarifas por un empadronamiento ilícito varían según la ciudad, la urgencia y lo que se ofrezca a cambio» explica este informe, que pone como ejemplos casos en Comunidad Valenciana, Madrid o Cataluña. Es, denuncian, «un círculo vicioso de necesidad y oportunismo».
La falta de empadronamiento crea ciudadanos de primera y segunda
A lo largo de 97 páginas, estas ONG exponen cómo carecer de padrón impacta en múltiples aspectos de la vida de las personas migrantes o sin hogar y provoca exclusión social.
Es por ejemplo un obstáculo para recibir atención médica, lo que hizo que Médicos del Mundo hayan atendido en los tres últimos años a 28.700 personas que encontraron obstáculos, incluidos 885 niños y 363 mujeres embarazadas, a quien se exige tres meses de residencia para lograr tarjeta. El riego es de salud pública, advierten.
No tener padrón también genera exclusión en el mercado formal del alquiler y de las ayudas, lo que lleva a ocupaciones o pisos con múltiples ocupantes.
Dificulta también la demostración del arraigo, lleva a la economía sumergida, dificulta que los migrantes denuncien si son víctimas de un delito o generan problemas en el ámbito de la educación y de escolarización. Todas estas dificultades se agravan además en caso de las mujeres y en concreto de las trabajadoras del hogar internas.
Se fuerza a las personas a la «clandestinidad» que alimenta mercados negros y dificulta la gobernanza y se crean residentes de primera y de segunda, lo que estas ONG consideran una «nueva forma de apartheid suave» en la que «se alimenta la prosperidad con su trabajo mientras se les niega el reconocimiento social y jurídico».
Reclaman un observatorio y sanciones para los ayuntamientos
Advierten las ONG que muchos ayuntamientos dejan sin cobertura administrativa a «miles de personas» al rechazar el empadronamiento.
Se niegan, por ejemplo, a inscribir a personas sin un domicilio fijo, a pesar de que la normativa contempla la inscripción de residentes mediante domicilios ficticios, direcciones establecidas por los servicios sociales que están reguladas por ley.
También «desinforman deliberadamente», piden requisitos no previstos en la normativa vigente, como escrituras de propiedad, tienen citas saturadas o efectúan «verificaciones domiciliarias intrusivas» de la Policía, denuncian.
Todo ello también disuade a las personas migrantes vulnerables de empadronarse y algunas se niegan a hacerlo «por miedo a ser expulsadas».
Por eso, estas ONG piden una serie de medidas para corregir estas prácticas como establecer un observatorio del empadronamiento, publicitar las alternativas sin domicilio fijo, campañas de acompañamiento, acción policial contra las redes explotadoras o mecanismos sancionadores efectivos para los ayuntamientos que incumplan la normativa.
