Madrid (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ordenado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que inicie «de inmediato» la creación del registro de objetores para las interrupciones voluntarias del embarazo, una decisión que el Ejecutivo regional recurrirá.
La Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Sanidad ante la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a aplicar la ley del aborto.
El tribunal especifica que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración e «implantación», en cumplimiento de la normativa vigente.
El Ministerio recurrió a la vía judicial porque Madrid es la única comunidad autónoma que se ha negado a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley, incluso ante el requerimiento enviado por el Gobierno.
La Justicia madrileña ha aceptado la cautelar pedida por Sanidad, al entender que no adoptarla «perpetuaría una perturbación del interés general» y también de lo intereses de los profesionales sanitarios y de las mujeres gestantes.
No crear el registro es una «clara afectación del interés público»
Sin entrar en el fondo, los magistrados señalan que no crear el registro de objetores supone una «clara afectación del interés público», que «está implícito en el cumplimiento de una obligación directa» impuesta en una ley orgánica y en el incumplimiento del acuerdo del Consejo Interterritorial, en el que además Madrid prestó su «expresa conformidad» con un voto favorable.
Además, responden a los argumentos dados por la Comunidad de Madrid, que sostenía que ya cuenta con una organización propia que hace que la interrupción voluntaria del embarazo esté «completamente garantizada», y aportaba el dato de los más 18.000 abortos voluntarios practicados en centros sanitarios de la región en 2024.
Madrid explicaba además que las solicitudes de aborto en los hospitales se analizan internamente, se programan dentro del centro cuando algún profesional está en disposición practicarlos y, en caso contrario, la mujer embarazada es derivada a la Unidad IVE «para ser valorada en las clínicas autorizadas».
Sin embargo, los magistrados señalan que precisamente el registro de objetores pretende eliminar dicha eventualidad en la que «todos los facultativos resulten ser objetores» y se produzca así un retraso en la prestación del servicio, «causa eficiente de posibles perjuicios psicológicos y/o físicos para la mujer gestante».
También apuntan que las personas objetoras ven con el registro «garantizado el ejercicio de su derecho fundamental a la objeción de conciencia».
Además, los jueces sostienen que la Administración General del Estado no reclama «el cumplimiento de una obligación genérica e indeterminada sino, por el contrario, de una que es clara, precisa y categórica», y ve «patente» la «inactividad» por parte de la Comunidad de Madrid, que incluso en el procedimiento «se ha mostrado abiertamente contraria a la obligación de crearlo».
La Comunidad de Madrid recurrirá la decisión
Fuentes de la Consejería madrileña de Sanidad han señalado a EFE que el Tribunal Superior sólo acepta la medida cautelar, sin entrar todavía en el fondo de asunto.
La Comunidad de Madrid pretende en todo caso recurrir, puesto que considera que «ya está cumpliendo con la garantía al derecho de objeción de conciencia de los médicos y con la prestación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo», según las mismas fuentes.
Sanidad aplaude la decisión del TSJM: «Se acabó»
La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha felicitado de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y añade: «Era la única comunidad que se negaba, derivando el 99 % a la privada. Se acabó».
«Victoria judicial por el derecho al aborto. La justicia da la razón al Ministerio de Sanidad y obliga a Ayuso a garantizar el aborto en la sanidad pública», escribe en un mensaje en la red social X la ministra.
El Ministerio recurrió a la vía judicial después de que la Comunidad de Madrid manifestara su negativa a desarrollar el registro de objetores previsto en la ley, incluso ante el requerimiento enviado por el Gobierno.
El registro de objetores es una herramienta prevista en la ley de salud sexual y reproductiva para que las comunidades autónomas puedan organizar sus recursos humanos y garantizar la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la sanidad pública. No es un registro nacional ni público, y sus datos son confidenciales.
Fuentes de la Consejería madrileña de Sanidad han señalado a EFE que el Tribunal Superior solo acepta la medida cautelar, sin entrar todavía en el fondo de asunto, y que pretende recurrir.
