Madrid (EFE).- El Gobierno ha expresado este miércoles su total tranquilidad tras la declaración del empresario Víctor de Aldama en el juicio por el presunto amaño de contratos de mascarillas en plena pandemia y ha subrayado que lo que se conoce de él es que es «un gran mentiroso».
Las acusaciones de Aldama
Aldama ha declarado en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra él, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor de este Koldo García y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar en el «escalafón 1» de la «banda organizada» a la que ha asumido pertenecer.
También ha asegurado que los ministros atendían a Koldo García porque sabían que «era una persona de Pedro Sánchez» y que él le dijo que como el líder socialista no le pudo «colocar en la Moncloa», le situó «a instancias de Santos Cerdán» en el Ministerio de Transportes.
Fuentes del Gobierno han expresado su total tranquilidad ante la declaración de Aldama, que recalcan que lo que se ha evidenciado hasta ahora es que este empresario es «un gran mentiroso».
Además, han subrayado que los acusados tienen derecho a mentir, tal y como la propia ley les reconoce.
Sánchez ha venido negando cualquier tipo de relación con Aldama o que hubiera mantenido con él alguna reunión, tal y como aseguró en su comparecencia el pasado 30 de octubre en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo y que llegó a calificar de «comisión de difamación».
El PSOE pedirá amparo al Supremo
El PSOE ha avanzado este miércoles que volverá a pedir amparo al Tribunal Supremo para actuar ante las «injurias» del empresario Víctor de Aldama e impedir que les «difame impunemente» ya que, sostiene, «no existe financiación ilegal en el PSOE».
«Estamos ante una estrategia conocida: en su derecho de defensa, el engaño es su principal herramienta. Señalar sin pruebas y generar ruido donde no hay delitos», recalcan las fuentes.
El PSOE planteó querellarse contra Aldama a finales de 2024 después de que el empresario implicara al PSOE en un supuesto cobro de comisiones ilegales, pero el juez instructor declinó otorgar en aquel momento la preceptiva licencia solicitada por el partido para dar ese paso al considerar que podría generar disfunciones procesales mientras seguía la fase de instrucción.
Los socialistas denuncian que Aldama lleva dos años mintiendo.
Garantizan su máxima colaboración con la Justicia y su disposición absoluta a esclarecer cualquier hecho y reivindican su política de tolerancia cero ante cualquier indicio de corrupción, en contraste con el PP: «No aceptamos lecciones de quienes han tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción».
