Noelia López |
Madrid (EFE).- Solo cuatro personas están afectadas por ese real decreto y, aunque ha cumplido ya más de tres décadas, ningún gobierno ha considerado necesario actualizarlo. El estatuto de los expresidentes, advierten expertos consultados por EFE, se mantiene como una norma opaca y pide ya una reforma.
La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias y otros delitos en la causa de Plus Ultra vuelve a poner el foco en un decreto que no impone ninguna obligación a quienes han ocupado la Jefatura del Gobierno, ni restringe sus actividades privadas, a pesar de que perciben distintas prestaciones del Estado desde que dejan el cargo.
Personal, coche, escolta y «gastos de oficina»
El estatuto, una norma aprobada inicialmente en 1983 y modificada en 1992, establece que los expresidentes gozarán de «consideración, atención y apoyos» tras el cese.
Pone a su servicio dos puestos de trabajo (un nivel 30, el máximo de la administración, y un nivel 18) que elige libremente y paga Presidencia; un automóvil con conductores, y la seguridad que determine el Ministerio del Interior.
En 2008 se retocó el decreto para que las parejas pudiera mantener la escolta y el chófer en caso de fallecer el expresidente.
El concepto menos transparente al que apuntan los expertos es el que les garantiza «una dotación para gastos de oficina, atenciones de carácter social y, en su caso, alquileres de inmuebles», que se recoge en los Presupuestos Generales del Estado.
En los últimos años, con las cuentas congeladas, esa partida ha ascendido a 298.000 euros, con lo que a cada expresidente -Felipe González, José María Aznar, Zapatero y Mariano Rajoy- le habría correspondido unos 74.500 euros anuales.
Una regulación insuficiente
«La actual regulación es claramente insuficiente», subraya en declaraciones a Efe Joan Ridao, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.
El estatuto en vigor, de solo cuatro artículos y tres disposiciones y sin rango de ley, solo hace referencia a los medios que se ponen a su disposición y al tratamiento protocolario -será tratado como «presidente» y en el extranjero podrá tener apoyo de las embajadas-, pero no alude a eventuales actividades privadas ni establece incompatibilidades.
Ridao, experto en ‘lobbies’, distingue claramente entre lo que es una «actividad de influencia» lícita y el «tráfico de influencias», delito por el que es investigado Zapatero, pero, insiste, el estatuto no prevé ningún tipo de actividad de los expresidentes y todo queda en «terreno pantanoso».
En la misma línea, Joaquín Meseguer, experto en transparencia, recuerda que la necesidad de reformar el estatuto no es una nueva, «pero las actuales circunstancias hacen que algo pendiente desde hace mucho parezca mas urgente», precisa.
Reforzar la norma con un código de conducta
Plantea reforzar la norma con un código ético de conducta y regular el papel que deben tener quienes han ejercido esa alta responsabilidad.
Actualmente no tienen una función institucional, pero disponen de medios públicos y, con la ley de transparencia en la mano, aprobada años después del decreto, sería razonable arrojar luz sobre el uso de esos recursos, subraya.
«Es necesario regularlo con un poco de sentido común y de austeridad; si se les decide reconocer una función institucional y compensarles por ello económicamente, vamos a ver con qué otras prestaciones publicas pueden compatibilizarlo, con qué actividades privadas», apunta Meseguer, coordinador del Grupo de trabajo de transparencia, acceso a la información pública y mediación administrativa de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Por el momento, solo Izquierda Unida ha reclamado una reforma de ese estatuto. «Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes», señaló en los pasillos del Congreso Enrique Santiago tras conocerse el auto de la Audiencia Nacional citado a Zapatero para el 2 de junio.
¿Y cuánto ganan con sus actividades privadas?
En 2004, con Zapatero en la Moncloa, se reformó la ley del Consejo de Estado y desde entonces los expresidentes pueden incorporarse a esta institución como consejeros natos con carácter vitalicio, pero ninguno figura actualmente en su organigrama.
«Imagino que económicamente no les compensa y les puede limitar el ejercicio de alguna actividad privada que les genere ingresos más sustanciosos que el que recibe un consejero, que no es pequeño», estima Meseguer.
La ley del Consejo de Estado precisa que podrán compatibilizar el cargo de consejero nato con las prestaciones que les correspondan como expresidentes y que tendrán el mismo estatuto económico que los consejeros permanentes, es decir, que cobrarían 134.446 euros anuales.
En 2012, tras dejar el Gobierno, Zapatero ingresó en el Consejo de Estado, pero a mediados de 2015 anunció que lo abandonaba para incorporarse a la presidencia del consejo asesor del Instituto de Diplomacia Cultural, una fundación alemana. No ha regresado.
El expresidente Aznar duró poco más de un año. Ingresó en el Consejo de Estado en abril de 2005 y en junio de 2006 lo dejó al resultar incompatible con su incorporación al consejo de administración de News Corporation, empresa de comunicación de Rupert Murdoch.
Ni Felipe González ni Mariano Rajoy han dado al paso.
