Madrid (EFE).- La Audiencia Nacional ha instado al Ministerio de Transportes a que no habilite el campamento que planea instalar para acoger a un millar de migrantes en el puerto de Ceuta hasta que resuelva sobre la petición cautelar de un sindicato policial de que no se ubique en ese emplazamiento.
En una providencia fechada este miércoles a la que ha tenido acceso EFE y que se puede recurrir, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia pide al Ministerio que aporte la resolución que habilita la instalación, así como el resto de documentación que obre en el expediente administrativo.
Se trata de una orden de Transportes del pasado 5 de septiembre que acuerda «la utilización de aproximadamente 16.000 metros cuadrados de la ampliación de Poniente del Puerto de Ceuta, para la instalación de un dispositivo temporal de acogida de personas migrantes, con capacidad aproximada de un millar de personas».
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) recurrió la mencionada resolución al alegar razones de seguridad y solicitó a la Audiencia Nacional, de forma cautelarísima, que la suspendiese.
La Audiencia, antes de resolver sobre esa medida cautelar, pide al Ministerio la información pertinente y le informa de que «no se puede ejecutar la resolución u orden referidas» hasta que no adopte una decisión.
En paralelo a las acciones judiciales, el SUP exigió a los organismos implicados en la decisión verificar los riesgos de incendio y evacuación de esta posible instalación, la proximidad a infraestructuras estratégicas relacionadas con combustibles, energía y servicios esenciales, así como las consecuencias operativas para los policías ante incidentes.
Incendios en los asentamientos
El SUP mostró su preocupación tras los incendios registrados durante los últimos días en distintos asentamientos de Ceuta y, si bien no cuestiona la obligación de las administraciones de proporcionar una atención humanitaria adecuada, considera arriesgado concentrar a un millar de personas en una instalación dentro del dominio público portuario sin acreditar previamente que se cumplen todas las garantías de seguridad.
A principios de mes, el Ministerio que dirige Óscar Puente firmó una orden para tomar el control del puerto de Ceuta y autorizar la mencionada instalación, debido a «la excepcionalidad de la situación en Ceuta».
La Secretaría de Estado de Migraciones había solicitado «la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional», según la orden.
La resolución añadía que «la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad».
El PSOE acusa a la Audiencia Nacional de frenar soluciones
El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha acusado a la Audiencia Nacional de «frenar» las soluciones a la crisis de Ceuta que el Gobierno está poniendo en marcha.
«Me parece que cuando estamos buscando soluciones, nadie debiera frenar las soluciones», ha señalado López a preguntas de los periodistas en el Congreso tras la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar el campamento.
En una providencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia da un plazo de doce horas al Ministerio de Transportes para que aporte el expediente, la resolución y el resto de documentación relativa a ese proyecto.
El ministro de Transportes se ha limitado a decir a los periodistas que no tenía más información que ellos sobre la decisión de la Audiencia Nacional: «Sé lo mismo que ustedes, exactamente lo mismo», ha dicho al término del pleno del Congreso.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha indicado que «esta situación nunca se habría producido si el Gobierno hubiera hecho lo que tenía que hacer», que a su juicio era haber llevado a cabo los «traslados oportunos a la Península» justo después de la entrada masiva de inmigrantes, y ha recalcado: «Es que nunca teníamos que haber llegado hasta aquí».
Por su parte, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha mostrado su asombro por la decisión de la Audiencia Nacional y ha agregado que ante «resoluciones tan particulares» y a la vista de las «dificultades» que se están poniendo «desde distintas instancias del Estado» para que se pueda organizar la acogida es necesario acelerar los traslados a la península.
