Madrid (EFE).- La magistrada del Tribunal Supremo María Alicia Millán Herradis ha emitido un voto particular discrepante a la sentencia que mantiene la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la ley de nietos porque cree que tras la convocatoria del 29N debía ser admitido el recurso del Abogado del Estado.
Para la magistrada, uno de los seis miembros que han participado en la deliberación, la convocatoria electoral «introdujo un elemento nuevo y decisivo» para valorar la medida cautelar de suspender el derecho al voto, «al convertir en irreversible la eventual lesión del derecho de sufragio de los afectados y poner de manifiesto las consecuencias que el mantenimiento de la medida podía proyectar sobre la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral».
«En tales circunstancias, la preservación del ejercicio efectivo del derecho fundamental de participación política debía prevalecer sobre el mantenimiento de una medida provisional sustentada en una controversia jurídica todavía pendiente de resolución definitiva», argumenta la magistrada en su escrito, que defiende que debieron ser levantadas «al menos temporalmente» las medidas cautelares.
«Una vez convocadas las elecciones a Cortes Generales, y al menos en relación con este concreto proceso electoral, las medidas cautelares acordadas debieron quedar sin efecto», argumenta la juez.
Proximidad del proceso electoral
Considera que «la proximidad y celebración del proceso electoral introducían un interés público de singular intensidad, vinculado a la estabilidad del censo electoral y a la garantía del ejercicio efectivo del derecho fundamental de sufragio por quienes aparecían válidamente inscritos en el CERA, circunstancias que imponían una nueva ponderación de los intereses en conflicto y justificaban el levantamiento al menos temporal de las medidas cautelares acordadas».
En su escrito, señala que las consideraciones del auto del Supremo para mantener la suspensión del derecho al voto resultan «insuficientemente conectadas con la controversia suscitada» de si una medida cautelar puede privar a sus titulares del ejercicio del derecho de sufragio en una concreta convocatoria electoral.
La magistrada incide en que el Supremo debía examinar si resulta proporcionado mantener una medida cautelar que impide ejercer el derecho de sufragio en unas elecciones ya convocadas a personas que, conforme al ordenamiento jurídico actualmente vigente, ostentan la nacionalidad española, figuran inscritas en el CERA y reúnen los requisitos legalmente exigidos para participar en las elecciones a las Cortes Generales, autonómicas y europeas.
«Entiendo que las medidas acordadas trascienden a la función propia de la tutela cautelar y anticipan consecuencias que, por su alcance material, deberían quedar reservadas al pronunciamiento que recaiga al resolver definitivamente el litigio», concluye la magistrada del Supremo.
