Madrid (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha pedido al Tribunal Constitucional, en un recurso de amparo, que declare la nulidad de los autos del Tribunal Supremo que suspenden la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) a los nacionalizados por la ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos.
En el recurso al que este sábado ha tenido acceso EFE, Gabilondo también solicita al Tribunal Constitucional que suspenda «de forma inmediata» dichos autos ordenando a la Junta Electoral Central (JEC) que mantenga la inclusión de estos ciudadanos en el CERA para que puedan votar en las elecciones generales del 29 de noviembre.
Según el recurso del Defensor, se vulneran tres derechos fundamentales: el derecho a la participación política y al voto, el derecho de igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva.
En el primer caso, dice el Defensor que el «vínculo entre ser español y el voto es indisoluble» y respecto al derecho de igualdad considera que los autos tratan de forma distinta a los nacionalizados que residen en el extranjero por la ley de Memoria Democrática frente a los que residen en España.
«La diferenciación entre unas y otras personas no queda ni motivada ni justificada en ninguno de los autos», afirma el Defensor.
Sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, el recurso sostiene que «la sorpresiva convocatoria de elecciones generales obliga a repensar si un sacrificio de tal magnitud (ser excluido del cuerpo electoral) es proporcional al bien que se procura obtener con tal sacrificio».
En definitiva, el Defensor cuestiona que las medidas cautelares adoptadas por el Supremo suspendan un derecho fundamental como es el derecho al sufragio, dado que «la adquisición de la nacionalidad sigue siendo válida y no se ha cuestionado».
El pasado 12 de octubre el Alto Tribunal decidió en dos autos mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, lo que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.
