Madrid (EFE).- La sección cuarta del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido este lunes avocar a Pleno la admisión del recurso de amparo que el Defensor del Pueblo interpuso contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la ley de memoria democrática, decidida por el Tribunal Supremo.
Fuentes jurídicas han informado a EFE de esta decisión, tomada por unanimidad por los tres magistrados de la sección cuarta del TC, que han considerado que, dada la entidad del asunto, corresponde al Pleno decidir sobre ello.
El TC tendrá así que pronunciarse en el Pleno sobre la admisión del recurso y, además, sobre la petición de la cautelarisíma del Defensor que pide, sin oír a las partes, alzar la suspensión cautelar del derecho a voto a los nacionalizados por la ley de nietos, acordada por el Supremo.
Las mismas fuentes indican que previsiblemente el Pleno verá ambos asuntos este miércoles.
El recurso del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo interpuso el pasado viernes un recurso de amparo ante el TC contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la ley de memoria democrática.
La institución que dirige Ángel Gabilondo ha pedido al tribunal de garantías medidas cautelarísimas para que esas personas puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del 29 de noviembre.
Además, solicita que se pronuncie sobre la interpretación del Supremo acerca de la suspensión del derecho fundamental al voto de los españoles nacionalizados de acuerdo con la llamada ley de nietos.
La decisión del Supremo
El Defensor ha interpuesto este recurso «tras haber analizado la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó mantener la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada Ley, para que puedan, si así lo desean, ejercitar su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales».
El alto tribunal decidió ese día mantener la suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos, lo que afecta a 163.020 personas que no podrán votar el próximo 29 de noviembre, salvo que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.
