Madrid (EFE).- El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que no conserva en su poder «ningún elemento periférico de las joyas» ni un recibí ni tampoco documentación de esos objetos, algo que sería «extravagante» siendo, como él asegura, un regalo personal de Arabia Saudí.
La defensa de Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, contra la negativa del juez José Luis Calama a enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por el expresidente del Gobierno para aclarar el origen de las joyas localizadas en una caja fuerte en su despacho.
Calama dijo que la comisión rogatoria «carece, en el momento presente, de un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia», y recordó que Zapatero dispone de «medios directos para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma».
Pero en su escrito, el letrado reconoce que Rodríguez Zapatero «no conserva en su poder ningún elemento periférico del propio regalo, que tampoco tuvo nunca una especie de recibí o resguardo de aquella entrega, ni conserva los estuches de las joyas, ni certificado o documentación alguna relativa a esos objetos».
No obstante, asegura que «estas manifestaciones no se pueden considerar extrañas, especialmente si se tiene cuenta no solo el contexto en que se produjo la entrega, sino especialmente que han transcurrido diecinueve años desde aquel momento».
Zapatero sostiene que las joyas son un obsequio «personal» del rey de Arabia Saudí
Zapatero sostiene que tres juegos de joyas incautados fueron un obsequio «personal» del rey de Arabia Saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud -fallecido en 2015- que éste le entregó en su vivienda familiar del Palacio de la Moncloa en junio de 2007, y que guardó junto a joyas de origen familiar y otros regalos de amigos «sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material».
Al respecto, el letrado explica que cuando el expresidente recibió las joyas, «ni le extendieron ni él mismo extendió un acuse de recibo de la entrega, pues esa actuación es extravagante en el contexto en el que se produjo».
Y añade que «frente a estas objeciones tangenciales», ni el fiscal ni el juez ofrecen una alternativa a esta explicación que razonablemente permita explicar con otra lógica y con otros datos, la aparición de las joyas».
Por ello, y con «la finalidad de esclarecer los hechos», insiste «con toda coherencia» que «se remita una comisión rogatoria al Reino de Arabia Saudí, que es la vía más directa, efectiva, proporcionada y completa para acreditar el relato explicativo de las joyas».
Y en este sentido confía en lo que pueda figurar en los archivos de la Casa Real Saudí, y en el resultado de la cooperación jurídica con ese Estado, pues «se ha ofrecido una explicación suficiente y razonable», que «precisaría de confirmación o de corroboración, al no existir documentos sobre las piezas, o certificados, u otros elementos que pudieran servir de indicios de su procedencia».
El escrito también arremete contra el juez porque «parece que exige que el hecho de recibir un regalo importante de un jefe de Estado extranjero tendría que ir en todo caso acompañado de toda la documentación y de los elementos accesorios necesarios para su adecuada identificación, inventario y custodia».
No hay obligación legal de conservar la documentación
Sin embargo, «todas esas prevenciones deben tomarse como una máxima de la experiencia exclusiva del instructor que no siempre se respeta»; y dejando claro que «no existe norma jurídica alguna que imponga la obligación de conservar la documentación o los estuches de los regalos que se reciben, por muy alta que sea la personalidad que los haya entregado», por eso destaca que no existe un tipo de protocolo con respecto a ese regalo, como dice creer el juez.
La defensa ha recurrido ante la Sala de lo Penal poco después de conocer que la joyería Yanes ha cifrado las joyas en 1.023.320 euros, por debajo del valor calculado por otra joyería, Ansorena, que las valoró en 1,3 millones.
Precisamente, este martes el juez Calama ha pedido a los investigadores de la UDEF que averigüen el fabricante de las joyas siguiendo el rastro de una marca que figura en algunas piezas, en los lotes de mayor valor, el grabado de una letra T.
