Madrid (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha encargado a la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática, Elvira Tejada de la Fuente, la investigación de los posibles delitos relacionados con la elaboración y difusión de contenidos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en la plataforma TikTok.
Según ha informado este miércoles la Fiscalía General del Estado, la investigación tiene su origen en el escrito de denuncia presentado ante la Unidad de Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado por ‘Maldita.es’.
Este medio de verificación ha detectado en TikTok más de mil vídeos de abuso sexual infantil, que superan 48 millones de visualizaciones, y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o venden este tipo de material, de los que más de 7.000 operan en español.
Maldita.es presenta las pruebas
También ha localizado 780 cuentas que utilizan la plataforma para captar compradores de material de abuso sexual infantil, 91 emisiones en directo de menores en 17 países en los que los usuarios piden acciones, a veces sexuales, a cambio de dinero, y una comunidad de más de 2.000 miembros que busca contenido de bebés.
Este miércoles han comparecido los denunciantes ante la Fiscal de Sala Coordinadora contra la Criminalidad Informática a fin de ratificar su denuncia y presentar ante la Fiscalía el material probatorio, que será objeto «de inmediato análisis y valoración».
En la denuncia se hace constar que ‘Maldita.es’ ha tenido conocimiento de actividades relacionadas con la publicación, difusión y venta de material de abuso infantil en TikTok, así como la recomendación de contenidos de esa misma naturaleza a los que se puede acceder tanto en esa red social, como en otras plataformas, o la difusión en directo de imágenes con menores de edad, mediando compensaciones de carácter económico.
La Agencia Española de Protección de Datos ha anunciado que va a pedir a TikTok información concreta sobre las actuaciones que está realizando para retirar los contenidos de abuso sexual infantil en su red antes de ordenar el bloqueo que impida el acceso a esos contenidos.
