Mérida, 6 feb (EFE).- Las protestas de los agricultores, algunas de ellas con tractores, que están llevando a cabo este martes los agricultores y ganaderos extremeños para denunciar la situación del campo, han afectando a numerosas vías extremeñas, donde se han producido cortes totales o parciales, lo que ha provocado retenciones.
Según los datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT) hasta las 12:00 horas, en la provincia de Badajoz se ha producido un corte total de la N-432, en ambos sentidos, en la localidad de Torre de Miguel Sesmero, en el kilómetro 31, en ambos sentidos. También ha habido un corte total en la autovía A-5, en ambos sentidos, a la altura del kilómetro 341, en Mérida.
La circulación también ha estado interrumpida en Almendralejo, en la A-66, en el kilómetro 648, en ambos sentidos. En la provincia de Cáceres ha habido un corte total en la carretera N-5, en el kilómetro 185, en la localidad de Millanes. Otra manifestación ha habido en las cercanías de Plasencia: en el kilómetro 51,5 de la autovía EX-A1, con cortes intermitentes en ambos sentidos.
También se han producido cortes intermitentes en la carretera EX-109, a la altura del 24, en Rincón del Obispo, en ambos sentidos. Y en Moraleja han estado cortadas dos carreteras en ambos sentidos: la autovía EX-A1, en el kilómetro 98; y en la EX-109, en el kilómetro 46,5. Después del mediodía, la DGT ha informado de un segundo corte en Plasencia, en ambos sentidos, en este caso en la autovía A-66.
Gobierno extremeño
La Junta de Extremadura ha trasladado su apoyo “decidido e incondicional” al sector del campo, cuyas reivindicaciones entiende “perfectamente” porque, ha dicho, las políticas ambientalistas de la Unión Europea, “amparadas y ampliadas” por el Gobierno de Pedro Sánchez “hasta la saciedad”, lo ha llevado a la “asfixia”.
Tanto la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, a preguntas de los periodistas, como la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, en declaraciones posteriores a los medios, han transmitido el respaldo de la Junta a las demandas del sector que este martes lleva a cabo tractoradas de protesta en diversos puntos de la región y del país.
Morán ha subrayado que las reivindicaciones del campo son las mismas que el Ejecutivo extremeño siempre ha defendido en cualquier Conferencia Sectorial y ha recordado la solicitud por carta el pasado 18 de diciembre, junto con otras comunidades autónomas, de una convocatoria extraordinaria de este órgano para tratar estas cuestiones que tanto preocupan a agricultores y ganaderos.
“El ministro Planas no se ha sentado a hablar con nosotros de los problemas reales del campo. Es más, cuando hemos pretendido hacer una revisión o una flexibilización de alguna norma, incluso nos ha amenazado por carta para no hacerla”, ha apostillado Morán, para quien el Gobierno central “no ha sido sensible” a los problemas del sector agrario.
En su opinión, la nueva Política Agrícola Común (PAC) ha sido “la gota que ha colmado el vaso”, ya que “el coste ambiental y climático se ha cargado sobre los hombros de los agricultores y ganaderos”, a la vez que ha defendido que el “primer objetivo” debe ser mantener la rentabilidad de las explotaciones y la renta agraria.
Para la consejera, la nueva PAC no se ha negociado realmente con las comunidades autónomas, sino que “la ha decidido en solitario el ministro”, muchas regiones se negaron a apoyarla y ahora se observan “las consecuencias de no analizar el impacto de esas políticas verdes sobre la realidad” de la agricultura y ganadería, por lo que es preciso “dar marcha atrás a todos esos quebrantos económicos”.
Preguntada por estas protestas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha trasladado el apoyo “decidido e incondicional” de la Junta al sector del campo, “motor de crecimiento económico” en la región, así como a que se atiendan sus demandas y se efectúen las revisiones normativas europeas, nacionales y regionales que sean necesarias.
Prisma político
Todos los grupos parlamentarios han apoyado las movilizaciones que este martes protagoniza el campo extremeño aunque con diferencias, pues Unidas ha instado a no relajar las medidas medioambientales y el PSOE ha pedido a la Junta que ejerza sus competencias, mientras que PP ha puesto el foco en el Gobierno central y Vox ha cargado contra la “nefasta” Agenda 2030.
El diputado popular José Ángel Sánchez Juliá ha compartido las reivindicaciones de los agricultores y ganaderos porque “el campo extremeño está cansado y asfixiado ante las políticas verdes del Gobierno central” y ha acusado a los socialistas de “ponerse de perfil” en este asunto.
“Es el momento de que el Gobierno de Sánchez deje de asfixiarle y les escuche porque lo que están demandando es de justicia”, ha aseverado al parlamentario, para quien la política del Ejecutivo central está llevando al sector primario a una situación “insostenible” por los altos costes y las exigencias burocráticas.
Por su parte, la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Vega, ha expresado su “absoluto respeto” y apoyo a las movilizaciones del campo para reivindicar la “modernización” del sector, según ha dicho.
Ha destacado el compromiso del Gobierno de España con este sector “prioritario” y como prueba ha mencionado la aprobación de la ley de precios justos, “que ha de cumplirse”, y los cerca de cuatro mil millones en ayudas aprobados en los últimos dos años.
Frente a ello, ha reclamado a la Junta que asuma sus competencias en la materia y ayude a un sector “en una situación complicada”
Vox ha expresado también su apoyo “total y absoluto” a las movilizaciones, a las que a su juicio pronto se unirán todas las organizaciones agrarias “salvo las que están vinculadas al PSOE”. Su portavoz, Óscar Fernández Calle, ha expresado que la lucha contra la “nefasta” Agenda 2030 ha llegado al campo extremeño y español porque los agricultores y ganaderos han entendido que es “el caballo de troya que utilizan los burócratas de Bruselas para arruinar sus explotaciones”.
La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha apoyado que los agricultores extremeños extienden sus protestas, pero se ha mostrado en contra de la relajación de las normativas medioambientales o en materia de salud, y ha instado a la Junta de Extremadura a ejercer sus competencias en ganadería y agricultura en lugar de “echar balones fuera”.
Tras defender un modelo “social y familiar” para el sector primario frente al “agronegocio”, la diputada ha pedido a la Junta que reduzca la burocracia, ponga en marcha un fondo de crisis climática y garantice el relevo generacional así como una ley de la cadena alimentaria “útil” mediante el aumento de las inspecciones.
