Plasencia (EFE).- La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una actuación conjunta, han detectado un fraude relacionado con empadronamientos irregulares de diez ciudadanos extranjeros en una vivienda social que tenía adjudicada un vecino de la localidad cacereña de El Gordo.
Entre las personas empadronadas figuraban cinco ciudadanos de origen marroquí y cinco de origen egipcio, país este último con el que la localidad no mantiene vínculo alguno, circunstancia que llamó la atención de las autoridades al tratarse de un número elevado de inscripciones en un municipio pequeño.
Ante estos indicios, agentes del puesto de la Guardia Civil de Peraleda de la Mata (Cáceres), en cuya demarcación se encuentra la localidad de El Gordo, junto con el equipo ROCA de la Compañía de Navalmoral de la Mata (Cáceres), iniciaron gestiones encaminadas a esclarecer las circunstancias en las que se habían producido dichos empadronamientos.
Las investigaciones permitieron comprobar que las personas inscritas no residían realmente en la localidad, ni habían hecho uso de la vivienda en la que constaban empadronadas, «desconociéndose incluso su presencia habitual en el municipio».
De este modo, se concluyó que los empadronamientos se habían realizado en fraude de ley, al no constituir la vivienda el domicilio real de los ciudadanos extranjeros inscritos, según ha informado la Guardia Civil.
Diez sanciones administrativas
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional en Cáceres que, a la vista de las pruebas aportadas, procedió a la incoación de diez expedientes sancionadores por infracción grave de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Una vez tramitados los expedientes ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, ésta resolvió imponer diez sanciones administrativas, cada una de 1.000 euros.
Así, el titular de la vivienda se enfrenta a una multa total de 10.000 euros, al haber consentido la inscripción de personas extranjeras sin que esta constituyera su domicilio real, y estando además destinada dicha vivienda, de forma exclusiva, a su residencia, por tener la condición de vivienda social.
El supuesto autor de los hechos es un varón de nacionalidad española, al que le constan antecedentes policiales por otros hechos delictivos de distinta naturaleza.
