Miguel Álvarez |
A Coruña (EFE).- La existencia de brechas salariales y burocráticas lleva a un sistema que condena a las migrantes a la subocupación, según explica a EFE Belén Fernández, profesora de Sociología de la Universidad de A Coruña.
Este es uno de los temas que aborda, junto a personas llegadas de Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Cabo Verde, Francia, Portugal y Alemania en el seminario internacional de investigación ‘Movilidades, reproducción social y desigualdades globales. Nuevos enfoques para los estudios feministas sobre las migraciones internacionales’, que se celebra esta semana en A Coruña.
Fernández, que es también integrante del equipo de investigación Sociedades en Movimiento de la Universidad de A Coruña, entre las investigadoras Mujeres al Frente, es una de las organizadoras del evento, que financian la Universidad, el Instituto de las Mujeres, el Ayuntamiento de A Coruña y su propio grupo.
«Queremos poner en común y debatir en torno a temáticas emergentes relacionadas con los estudios migratorios y las investigaciones feministas. Lo que buscamos es, desde distintas perspectivas, no solo académicas, también vienen activistas, entidades e instituciones; dignificar el trabajo de las mujeres migrantes y abordar otras cuestiones como teorías nuevas como el feminismo colonial», señala.
En su grupo de investigación han profundizado en cómo llegan las mujeres migrantes, que muchas veces se ven limitadas a trabajar en el sector de los cuidados, en ocasiones en domicilios, y con unas condiciones laborales que luego les afectan cuando llegan a la vejez.
«Llegan en unas condiciones de bajas cotizaciones, muchas de ellas sin derecho a una pensión porque no cotizaron por ellas, con problemas de salud, con mucho desgaste físico», desgrana.
Esto ocurre a día de hoy y lo observan en colectivos que llegaron al Estado español en la década de 1990, como las dominicanas o caboverdianas, que ahora llegan a la edad de jubilación.
Hacen falta más recursos para agilizar las respuestas de la Administración
Una de las cuestiones que las lleva a estos trabajos es «la dificultad para homologar o convalidar» los títulos que traen de sus países de origen.
«Tienen una titulación y no la pueden ejercer en España. Hay esa barrera, esa exclusión. No pueden acceder a puestos de trabajo reservados para población nativa y eso las condena a la subocupación y a empleos en lo que se denomina el mercado laboral secundario, con peores condiciones y más precariedad», argumenta.
Observan, también, una «brecha de género más importante» que hace que «los hombres tengan trabajos mejor remunerados», pues un migrante que trabaja en la construcción y por titulación es profesor tiene un salario mucho más alto que una mujer que es médica y trabaja en los cuidados de una persona dependiente en su domicilio.
Aclara que, entre ellos, también existe subocupación, si bien genera una diferencia salarial inferior al que experimentan ellas.
Esto no ocurre en todos los sectores, pues en algunos, con alta demanda, viven «un proceso migratorio un poco más dorado», pero no es lo habitual.
La respuesta debe ser que la Administración ponga más recursos para lograr que los procesos sean más rápidas, pues se pregunta cómo van a tener un millón de personas una respuesta entre enero y febrero de 2027 con las largas esperas actuales, de años, que hacen que incluso algunas personas acaben por desistir.
La violencia de género es peor con las migrantes
Sobre las mujeres migrantes que viven situaciones de violencia de género, Belén Fernández añade que viven otra vulnerabilidad más: «Su reproducción social y sus oportunidades se ven limitadas por una cuestión de clase, de sexo y de raza», apunta.
Demanda que las administraciones no sean «ciegas a esta situación de opresión que sufren esas mujeres» y que «puedan denunciar, puedan tener derecho a una vida sin violencia y no verse atadas a hombres por esa dependencia económica que las condiciona y otro tipo de debilidades».
Esto ocurre porque las situaciones de violencia de género, sin «red de apoyo» son mucho peores al contribuir a «destruir las capacidades de autonomía, la confianza en sí mismas», un ámbito en el que ahora mismo las activistas y su trabajo son clave.
