Palma (EFE).- Representantes de entidades de usuarios de la Serra de Tramuntana han presentado este miércoles varias alegaciones al proyecto de ley de la Serra del Consell de Mallorca, para rechazar varias de sus disposiciones por considerarlas «desproporcionadas».
Como han defendido los promotores de estas alegaciones, varias de las disposiciones de la ley carecen de base técnica suficiente y son contrarias al marco jurídico vigente, sobre todo en lo relativo al acceso al territorio y a la práctica de actividades como la bicicleta de montaña, ha detallado el portavoz de Dret de pas, Pep Estopà.
En el escrito, registrado en el trámite de información pública abierto, los 3.364 firmantes que se han sumado a esta reivindicación defienden un modelo de protección del patrimonio compatible con el uso social «responsable».
Las alegaciones cuestionan el artículo del proyecto que establece un sistema de rutas autorizadas para la bicicleta de montaña y prohíbe su circulación en el resto de caminos, una regulación que, para estas entidades, supone una prohibición general que invierte el principio de libertad de uso de los espacios naturales.
Como ha precisado el portavoz, no hay estudios científicos en la norma que justifiquen esta restricción y por ello los usuarios afectados aportan informes de territorios comparables, como el Geoparque Sobrarbe-Pirineos, que concluyen que el impacto erosivo de la bicicleta de montaña es «mínimo» frente a factores naturales como lluvias torrenciales.
También ha citado el caso del camí de Sollerich, restaurado en 2010, donde las entidades han remarcado que el uso compartido por senderistas y ciclistas no ha generado degradación significativa, por lo que los daños observados se atribuyen a fenómenos meteorológicos y a la falta de mantenimiento.
Desde el punto de vista jurídico, las entidades han argumentado que la prohibición general no supera el test de proporcionalidad exigido por el Tribunal Constitucional, al no acreditarse que sea necesaria ni la única medida posible para proteger el patrimonio, y por ello han planteado, en su lugar, limitaciones puntuales, temporales o basadas en criterios técnicos.
Otro de los puntos críticos es el punto que exige autorización expresa para circular por fincas privadas. Las alegaciones advierten de que esta obligación es «materialmente imposible» de cumplir en un territorio donde entre el 85 % y el 90 % del suelo es de titularidad privada y la propiedad está altamente fragmentada.
En este sentido, las entidades consideran que la medida generaría una burocracia «inviable» y vulneraría principios jurídicos básicos, además de entrar en conflicto con la ley de caminos públicos y derecho de paso, que reconoce el tránsito libre por caminos de dominio público.
Garantías de acceso
Entre sus propuestas, los promotores han pedido una nueva redacción de la Ley de la Serra que garantice el acceso a través de la red de caminos públicos con independencia de la titularidad del suelo, y que las actividades recreativas y deportivas se consideren compatibles con carácter general.
Entre otros aspectos, las entidades afectadas también han solicitado que las restricciones se basen en criterios técnicos y estudios de impacto, que se fije un plazo para elaborar los catálogos de caminos públicos y que no se impongan autorizaciones generalizadas mientras estos no estén definidos.
«No tiene sentido cerrar caminos, al contrario se tendrían que abrir», ha aseverado Estopà, que también ha comentado la voluntad de incorporar las alegaciones a la ley que mostraron los representantes del Consell de Mallorca en una reunión con las entidades.
