Sao Paulo (EFE).- El escándalo de las joyas regaladas por Arabia Saudí al expresidente Jair Bolsonaro avanza en medio de versiones contradictoras y decisiones judiciales que han vuelto a poner el foco en el líder ultraderechista brasileño.
El Tribunal de Cuentas, órgano que fiscaliza el Estado brasileño, dio este miércoles a Bolsonaro un plazo de cinco días para que entregue al actual Gobierno las joyas de la lujosa marca suiza Chopard que le obsequiaron las autoridades saudíes en 2021.
Hay fundadas sospechas de que el ingreso al país de esas joyas se hizo de forma irregular y sin la debida declaración al Fisco, y que además estas deberían formar parte del patrimonio público nacional y no estar en poder del capitán retirado del Ejército.
En medio de toda la polémica, el exmandatario se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 30 de diciembre en una suerte de “autoexilio” al que pretende poner fin este mes de marzo con su vuelta a Brasil, algo que no termina de confirmar.
El Tribunal de Cuentas también ordenó hoy al exgobernante que entregue un fusil y una pistola que recibió de Emiratos Árabes Unidos en 2019 y dictó que se realice una auditoría de todos los regalos que recibió durante los cuatro años de su Gobierno (2019-2022).
En paralelo, la Policía Federal ha empezado un ciclo de interrogatorios sobre el ya conocido como “escándalo de las joyas saudíes”, que están divididas en dos paquetes.
De oro y diamantes, las joyas para Bolsonaro
El primer paquete, el que ahora Bolsonaro está obligado a devolver, consiguió ingresar al país y está compuesto por un reloj, un bolígrafo y unos gemelos de oro, valorados en unos 75.000 dólares.
El otro lo componen un collar, un anillo, un reloj y unos pendientes de diamantes, también de Chopard, valorados en 3,2 millones de dólares.
El destinatario de esas espectaculares piezas era, al parecer, la esposa de Bolsonaro, Michelle, que está intentando meter la cabeza en la política de la mano del partido de su esposo.
Pero ese paquete no burló los controles aduaneros y fue retenido por el Fisco en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en la zona metropolitana de Sao Paulo, donde continuaban este miércoles, según presenció EFE.
Para acceder a ellas hay que pasar por un laberinto de pasillos y salas hasta llegar a una sala de almacenamiento con mesas de acero inoxidable.
Allí se encuentra el estuche azul de Chopard, que tiene hasta su propia llave.
No declararon las joyas
En su interior relucen las joyas que los funcionarios de aduanas encontraron en la mochila de un militar, asesor del entonces ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, que integraba la comitiva brasileña que viajó en la época a Oriente Medio.
En Brasil es obligatorio declarar todos los bienes cuyo valor supere los 1.000 dólares, lo que al parecer no se produjo con ninguno de los dos conjuntos de joyas saudíes.
Bolsonaro intentó diversas veces, a través de emisarios, liberar las joyas antes de finalizar su mandato el 1 de enero, pero no tuvo éxito. La última tentativa fue el pasado 29 de diciembre.
El escándalo fue destapado por el diario ‘O Estado de Sao Paulo’ el pasado 3 de marzo.
Arrancan los interrogatorios
Desde entonces, la Policía Federal, la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas están buscando respuestas a todo este lío que amenaza con dañar todavía más la ya desgastada imagen del expresidente y la de su esposa, vista en algunos círculos políticos como una posible sucesora.
El ahora exministro Albuquerque ha sido uno de los primeros en declarar a la Policía Federal. Lo hizo este martes por videoconferencia.
Según el diario ‘O Estado de Sao Paulo’, afirmó que desconocía el contenido de los regalos y que pensaba que el destino de los mismos era el acervo de la República.
Esa versión contrasta con la mantenida por los abogados de Bolsonaro y uno de sus hijos, el senador Flávio Bolsonaro, que sostienen que fueron presentes de carácter “personalísimo” y que, por tanto, deben seguir en manos del ex jefe de Estado.
El asunto no tiene visos de terminar. El Tribunal de Cuentas ordenó la semana pasada que Bolsonaro, quien ha negado “cualquier ilegalidad”, también tendrá que declarar ante la Policía, lo que aún no se ha concretado.
Carlos Meneses
