Tegucigalpa (EFE).- El asesinato de la reconocida ambientalista hondureña Berta Cáceres, el 2 de marzo de 2016, «fue previsible y prevenible» y el Estado tenía «información concreta sobre su planificación», según un estudio del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) que fue presentado este lunes en Tegucigalpa.
«El GIEI estableció que el crimen fue previsible y prevenible. Existía información concreta en manos del Estado y en tiempo real que alertaba sobre su planificación, incluyendo interceptaciones telefónicas en las que se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores», subraya el estudio, presentado en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El voluminoso estudio añade que «a partir del análisis de cientos de horas de intervenciones telefónicas obtenidas en el marco de una investigación penal iniciada en 2015, el GIEI constató que Mariano Díaz Chávez -militar en activo y posteriormente condenado como autor material del asesinato- contaba con acceso a armas, logística y personal armado, y utilizaba redes vinculadas a estructuras de seguridad para coordinar operaciones ilícitas».
«Estas interceptaciones revelaron que, desde el 4 de enero de 2016, se mantenían conversaciones explícitas sobre cinco incursiones previas al asesinato de Berta Cáceres. Estas incursiones involucraron planificación, logística, seguimientos, portación de armamentos y dieron cuenta de la elaboración de un plan concebido con anticipación, a decisiones atribuidas a ‘los de arriba’ y a negociaciones sobre pagos y logística», añade la investigación.
La responsabilidad del Estado hondureño
El documento señala además que pese a contar con la información en tiempo real, las autoridades estatales no activaron mecanismos de prevención ni adoptaron medidas oportunas para impedir el crimen, omisión que el GIEI califica como una violación grave del deber de debida diligencia.
El GIEI también concluyó que el crimen de Berta Cáceres y las violaciones asociadas comprometen responsabilidades diferenciadas y concurrentes del Estado, de actores empresariales y de instituciones financieras, cada uno conforme a sus obligaciones específicas bajo el derecho internacional, cuya actuación y omisiones facilitaron la planificación, la financiación, la ejecución y la impunidad del crimen.
Un resumen del estudio lo presentaron los expertos Ricardo Guzmán, Roxana Altholz y Pedro Biscay.
Según el estudio, el crimen de la ambientalista hondureña es resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado.
«Una verdad dolorosa»
Bertha Zúniga, hija de Cáceres, dijo a EFE que el informe «es bastante fuerte» y «una verdad dolorosa», aunque algunas de las informaciones que recoge el estudio «ya las conocíamos por los procesos judiciales que han existido durante estos años en la búsqueda de justicia para mi madre».
«Hay información que es totalmente nueva y que no conocíamos hasta la emisión de este informe que es muy vasto. Tiene información diversa de todos los ámbitos que incluyen el proceso de demanda de justicia de las comunidades lencas (pueblo indígena); sin embargo, hay algunos bloques grandes de información y de conclusiones», enfatizó.
A manera de ejemplo, destacó que entre la nueva información figura que varias personas del Estado «de una manera u otra conocieron de las acciones de violencia que se venían desarrollando, o de las omisiones que existieron que posibilitaron el asesinato de mi madre que no responden para nosotras a una voluntad individual, personal o particular de un funcionario u otro».
«Responden a una interferencia permanente que ha existido sobre las instituciones del Estado, una especie de cooptación y también una interferencia sobre el sistema de justicia que había antes de la comisión del asesinato», agregó.
En noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia ratificó las sentencias contra siete condenados por el asesinato de Cáceres y el intento de asesinato del ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien fue el único testigo y quien era huésped de la líder indígena el día del crimen, en la ciudad de La Esperanza, oeste del país.
