Por Jorge Gil Ángel |
Bogotá (EFE).- El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Alejandro Ramelli, afirma en una entrevista con EFE que el modelo de justicia restaurativa es el adecuado para poner fin al conflicto armado en Colombia, pese a las críticas del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre el trabajo de ese alto tribunal.
«Por más imperfecto que pueda ser este modelo, como cualquier modelo de justicia, es el modelo más adecuado para haberle puesto fin a una guerra de más de 50 años con el grupo armado más grande que tenía Colombia», dice el presidente de la JEP, tribunal creado por el acuerdo de paz que firmaron en noviembre de 2016 el Gobierno y la guerrilla de las FARC.
«La reflexión que yo siempre hago es ‘imaginen qué hubiera pasado si no hubiera existido esto, (tendríamos) 10 años más de guerra'», agrega.
La opinión de De la Espriella sobre la JEP
En junio pasado, durante la campaña presidencial, De la Espriella aseguró en una entrevista con la emisora Caracol Radio que la JEP «es un directorio político disfrazado de tribunal, instituido para lavarle las manos manchadas de sangre a los jefes narcoterroristas de las FARC y perseguir de la manera más humillante» a militares y policías.
«A mí me parece que no se justifica que un organismo como esos gaste tanto dinero sin producir resultado alguno. Yo no estoy de acuerdo con la JEP y haré todo lo que esté en mis manos, en el marco de la Constitución y la ley, para evitar que esa plata del bolsillo de los colombianos se despilfarre de esa manera», añadió entonces.
Mantener la separación de poderes
Ante las declaraciones de De la Espriella sobre la JEP, Ramelli manifiesta que «lo importante es mantener la separación de poderes, la autonomía judicial, el respeto» que los magistrados del alto tribunal merecen.
«Lo que yo he hecho siempre es una invitación cordial al nuevo Gobierno para, dentro del marco de nuestras competencias, nuestra autonomía judicial y tomando en consideración el principio de la colaboración armónica entre las ramas del poder público, sentarnos a dialogar con el fin de tener claros esos propósitos estatales y cómo los vamos a cumplir», detalla Ramelli.
Sin embargo, el presidente de la JEP advierte que, desde que el presidente entrante ganó las elecciones el pasado 21 de junio, ningún representante del futuro Gobierno, que sustituirá al de Gustavo Petro a partir del 7 de agosto, se ha reunido con miembros de ese tribunal, pese a que los han invitado a dialogar.
Presupuesto para las sentencias de la JEP
El pasado 1 de julio la JEP ratificó las dos primeras sentencias emitidas contra siete exintegrantes de las FARC por secuestros y crímenes de guerra, así como las condenas a 12 exmilitares colombianos por asesinatos y desapariciones forzadas en la costa del Caribe.
En ambos casos, los acusados colaboraron con la Justicia y por eso recibieron condenas a penas restaurativas -que no conllevan cárcel- y que combinan restricciones de derechos con acciones reparadoras que comenzarán a ser ejecutadas a partir del próximo 15 de agosto, según el cronograma.
Pero la JEP requiere de un millonario presupuesto para llevarlas a cabo, por lo cual el año pasado Ramelli viajó a Europa para pedir financiación a la comunidad internacional, que dará una parte, pero necesita también que el Gobierno entrante, a pesar de los reparos que tiene, aporte otro monto.
«La cooperación muy generosamente nos ayuda. Pero es el Gobierno el que tiene que dar los recursos para que esos proyectos se puedan cumplir», dice el presidente del alto tribunal, quien añade: «Es responsabilidad nuestra como colombianos asumir el costo de esas decisiones judiciales, que finalmente es para que las víctimas vean restablecidos sus derechos».
No obstante, Ramelli aclara que la JEP cuenta con «unos recursos para que arranquen las sentencias como tal» el 15 de agosto.
«Lo que pasa es que las sentencias no están financiadas hasta el último día», señala.
Historia judicial
Para el magistrado Ramelli, el trabajo de la JEP, que comenzó a operar en marzo de 2018, no consiste únicamente en «resolver casos, investigar, acusar, sancionar», sino también en propiciar un debate que «en el fondo se está escribiendo sobre la historia» judicial de Colombia.
«Esa es la verdad judicial (la de la JEP). Y si usted mira cuál es la verdad judicial que teníamos hace ocho años y cuál es la que tenemos ahora, es muy distinta, es una historia de Colombia muy distinta. Y yo creo que también eso es lo que genera esas reacciones adversas», añade.
Por eso reivindica que a pesar de que hay «algunos sectores que no están muy conformes con esas verdades y querían que las verdades fueran otras», hoy la JEP también ha logrado grandes avances para establecer «la verdad judicial» del conflicto armado colombiano.
