Pamplona (EFE).- Una representación de la ciudadanía ecuatoriana residente en Navarra ha mostrado este domingo su apoyo al Gobierno de su país en las acciones contra la violencia desatada en Ecuador. También han expresado su “profundo pesar y contundente condena” de lo sucedido.
Han sido decenas de ecuatorianos y también personas de origen navarro las que se han acercado hasta la plaza del Ayuntamiento de Pamplona. Allí, con banderas del país sudamericano y también una de España, han respaldado a las autoridades ante esta “crisis delincuencial en niveles insoportables”.
17.000 ecuatorianos en Navarra
Lo ha dicho en declaraciones a EFE en representación de la Asociación de Ecuatorianos en Navarra Winston Eraso, quien ha explicado que en Navarra hay cerca de 17.000 personas de origen ecuatoriano, con familiares en Ecuador. Estos les han trasladado que en los últimos días la situación está más calmada, como lo demuestra que “las muertes violentas han bajado de 28 a 8 ó 9 personas diarias”.
“Se está reactivando un poco el comercio, más que nada el pequeño, el que vivía extorsionado cada día”, ha dicho relativamente aliviado. También ha valorado el control del ejército y la policía en las cárceles, donde las bandas se hicieron hace semanas con el control, pero “se ha hecho un verdadero saneamiento”.
“Se están trasladando a otros sitios desiertos reclusos porque han encontrado armamento bajo el suelo y en las paredes. Sabemos que todavía es un proceso largo, que esto no es algo que ya hemos conseguido, pero nos concentramos porque queremos retornar a nuestro país a lo que era en el año 90: Ecuador era una isla de paz”, ha significado Eraso.
En la concentración, que ha finalizado con la interpretación de bailes típicos del país, se ha leído un comunicado en el que ha mostrado su apoyo al pueblo ecuatoriano “en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, para que se haga justicia y ponga en marcha los mecanismos legales necesarios para restablecer el orden y la paz en nuestro querido Ecuador”.
Para ello se piden reformas legales que endurezcan las penas para garantizar el orden, que conminan a ejecutar a los jueces, al tiempo que piden al Gobierno nacional garantizar el presupuesto necesario para dotar de instrumentos necesarios a ejército y policía, y para reforzar la seguridad en los centros penitenciarios.
