Pamplona (EFE).- El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que el concepto de ‘prioridad nacional’ que se utiliza en los acuerdos de gobierno PP-Vox es «un trampantojo de hilo neofascista para tratar de generar otra vez la demonización de la gente inmigrante».
Sordo, quien ha participado en una asamblea y una concentración del sindicato en Pamplona para exigir salarios dignos, vivienda y tiempo para la clase trabajadora, ha señalado que ese concepto es propio de «una extrema derecha que son los agentes infiltrados de Trump en Europa».
Unas personas, ha dicho, «que «son profundamente antipatriotas y quieren llevarse por delante la soberanía de nuestro país para que dependa cada vez más de déspotas como Donald Trump».
La peor extrema derecha de Europa
«Que las personas que tienen los derechos de ciudadanía puedan acceder en condiciones de igualdad a los servicios públicos, sean de donde sean, me parece tan de sentido común que es como irnos tres siglos atrás», ha indicado a los medios de comunicación.
Tras subrayar que «tenemos la peor extrema derecha de Europa», Sordo ha asegurado que «además son vagos hasta para crear conceptos, porque este es un concepto que viene de la extrema derecha, de Le Pen, de Francia».
En cambio, ha agregado, «nosotros vamos a exigir que todas las personas que están en España y todas las personas que son ciudadanas, ciudadanos de nuestro país, que trabajan en nuestro país, que viven en nuestro país, tengan igualdad de acceso, por supuesto, a los servicios públicos y a todos los derechos de ciudadanía».
Regularización extraordinaria de inmigrantes
Respecto a la regularización extraordinaria de inmigrantes, ha incidido en que «estos procesos suelen tener momentos de mucha tensión en sus inicios. Y tiene que ver en parte con una falta de previsión que desde algunas instancias ya veníamos demandando».
En este sentido, ha abogado por tener «más recursos públicos para atender a la correcta tramitación, no solo del proceso de regularización, sino de todas las políticas dirigidas a la emigración».
Para el dirigente de CCOO, «era previsible que hubiera algunos atascos», porque «las personas que están en una situación de irregularidad, aunque tengan dos meses y medio para poder regularizar su situación, viven con tal estrés desde hace mucho tiempo que lógicamente lo quieren hacer el primer día».
«Una persona irregular es una persona que, cuando ve a un agente de la policía, se cambia de acera y es razonable que el primer día esté dispuesta a soportar las colas que sean para poder hacer cuanto antes ese proceso de regularización», ha concluido.
El problema de la falta de vivienda
Por otro lado, Sordo ha declarado que el Plan de Vivienda del Gobierno contiene algunas medidas adecuadas, pero a su juicio es necesaria «una política más ambiciosa» en este ámbito de todas las administraciones para lograr el objetivo de que ninguna persona dedique más de un 30% de su sueldo a pagar una vivienda.
«Solo desde el Gobierno de España no se pueden reducir los precios de la vivienda y las comunidades autónomas del PP no pueden ponerse de perfil», ha afirmado Sordo a los medios de comunicación tras participar en una asamblea y una concentración del sindicato para exigir salarios dignos, vivienda y tiempo para la clase trabajadora.
Sordo, quien ha abogado por un gran acuerdo interinstitucional en esta materia, ha calculado que son necesarias dos millones de viviendas a precio asequible en los próximos 10 años, topar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, limitar el uso de la vivienda turística, evitar «cualquier uso especulativo de la compra por parte de fondos buitre o de fondos de inversión» y sacar vivienda vacía al alquiler.
Unas 700.000 viviendas vacías
El secretario general de CCOO ha subrayado que en España hay unas 700.000 viviendas vacías en municipios con más de 100.000 habitantes que deberían penalizarse fiscalmente «si están cerradas para especular» y «desde luego se necesitan todas estas medidas, todas a la vez».
Ha apostado por incrementar el gasto público en vivienda hasta un 1% del PIB, ya que la inversión actual del Gobierno se queda «nítidamente corta». En su opinión, la inversión pública del Gobierno en el último Plan de Vivienda debería ser de más del doble y mantenida además a lo largo de los años.
Sordo ha denunciado además que se pretenda trasladar el mensaje de que «las personas que no pueden pagar un alquiler en un determinado momento son poco menos que unos okupas y poco menos que unos delincuentes».
«Es lamentable la deriva antidemocrática que están emprendiendo las derechas en España para, de alguna manera, demonizar a las personas con mayores dificultades», ha dicho.
Subida de salarios para compensar la inflación
Por otra parte, Sordo ha resaltado que las previsiones de incremento de inflación por la guerra en Oriente Medio «son cada vez más preocupantes» y se terminará trasladando a su juicio al conjunto de los precios al consumo, lo que «requiere de una subida de los salarios que evite que la gente vuelva a pagar los platos rotos de la guerra de Trump».
«Ya pasó con la invasión de Ucrania. La inflación se disparó, la inflación conllevó medidas que permitieron a las empresas salvaguardar sus márgenes empresariales. Incrementaron los precios y los salarios no subieron», ha destacado, para aseverar que «ahora no puede pasar lo mismo».
Por ello, ha apostado por subir los salarios a través de los convenios colectivos y «a través de la movilización llegado el caso», al tiempo que exigen al Gobierno que «tome medidas adicionales para proteger a las familias ante el incremento de los precios».
11 millones de personas con sueldos estancados
En este sentido, ha considerado que es «perfectamente posible», a través del IRPF, dar a las familias con rentas más bajas un ingreso de 300 euros que les sirvan para hacer frente a la inflación.
Serían, según ha estimado, unos 3.000 millones de euros que «suponen un gasto inferior a lo que, por ejemplo, supuso los céntimos del carburante después de la invasión de Ucrania. Es un gasto importante, pero es un gasto necesario».
«Hay 11 millones de personas asalariadas en nuestro país cuyos sueldos están estancados y vienen sufriendo el incremento de los costes de la cesta básica de la compra», ha lamentado.
