Vitoria (EFE).- Las quejas presentadas por los vascos al Ararteko contra el funcionamiento de Osakidetza suben un 220 % en 2022 respecto a 2020 al sumar 307 expedientes.
El Ararteko, Manu Lezertua, ha entregado este martes su informe anual a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria. En él se recogen las 12.704 actuaciones llevadas a cabo por esta institución el año pasado, de las cuales 7.504 se corresponden con quejas y consultas.
Un 12 % del total de las quejas están referidas al ámbito sanitario con un notable incremento que pone de manifiesto, según el Ararteko, la situación de “tensión” que vive el sistema.
Por ello, el equipo de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Euskadi ha mantenido recientemente una reunión con la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, para analizar la situación.
El Ararteko no ha descartado la posibilidad de que en un futuro pueda emitir una “recomendación general” sobre el funcionamiento de Osakidetza que diera “pistas” por dónde deberían ir las mejoras en el Servicio Vasco de Salud.
Atención presencial en centros de salud
Ha asegurado que el Departamento que dirige Sagardui es “muy consciente” de la situación. “Reconoce los problemas y está buscando soluciones”, algunas de las cuales ya se están adoptando como la recuperación de la atención presencial en Primaria.
Ha citado que persisten problemas relacionados con pacientes con patologías duales y en salud mental de jóvenes, por ejemplo, y ha recordado que existe un “problema subyacente” como es la escasez de profesionales sanitarios.
En el informe se señala que la actual situación del sistema sanitario se ha visto perjudicada por la covid.
La pandemia a su juicio “no haya hecho sino agravar una situación precedente, generada a partir de una escasa planificación de las necesidades futuras”. Se ha referido a “las especialidades de medicina de familia y pediatría, a la falta de reconocimiento de este nivel asistencial, a las dificultades para la provisión y retención del personal y al progresivo envejecimiento de la población y el consecuente aumento de las enfermedades crónicas”.
Se señala que se debe dotar de los medios materiales y humanos necesarios que aseguren el ejercicio efectivo del derecho a la salud de la ciudadanía vasca. Para ello pide “medidas de planificación y dotación presupuestaria necesarias para garantizar un sistema sanitario público vasco fundado en los principios de equidad, calidad y proximidad, con personal sanitario estable y dotado de medios suficientes”.
Incentivos para el personal sanitario
Para ello, si es preciso, se han de establecer incentivos profesionales, administrativos y económicos con el objeto de facilitar la cobertura de plazas de difícil acceso. Esos incentivos también servirán para fomentar la permanencia en esas plazas por parte del personal sanitario y asistencial.
“Dicho sistema sanitario debe garantizar el acceso a la atención médica primaria, a la atención continuada, a la atención especializada y a la atención a la salud mental en tiempos razonables y de forma adecuada, tanto en el medio urbano como en el rural”, recoge el informe.
En términos generales, a lo largo de 2022 en el 47 % de todas las quejas presentadas en todos los ámbitos existía alguna actuación incorrecta de alguna administración pública, un porcentaje superior en 2 puntos al del año anterior.
La administración afectada corrigió y modificó esa actuación que motivó la reclamación en el 88 % de los casos, pero tras el parón de actividades por el confinamiento por la covid, algunas de ellas han “descuidado” su colaboración con el Ararteko.
Administraciones que no colaboran
Por ello, esta institución el pasado mes de diciembre tuvo que dirigirse en 46 ocasiones a diversas administraciones para recordar la obligación de colaborar con ella y que no hacerlo es un delito.
Lezertua ha reconocido que no es agradable tener que llegar a esta situación, recordar la posibilidad de acudir a la Fiscalía para denunciar esa falta de colaboración, ya que se puede producir un “perjuicio importante” en la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Tras estos recordatorios quedan pendientes 7 expedientes en algunas administraciones locales “recalcitrantes”, en su mayoría entidades pequeñas con problemas de “gestión administrativa”.
Ha reclamado una “reflexión” sobre la posibilidad de reformar la Ley del Ararteko para que este pueda ejercer sus funciones “adecuadamente”, en línea con lo hecho en Navarra donde al Defensor del Pueblo se le ha otorgado el poder de imponer sanciones, lo que tiene un “efecto disuasorio muy importante”. EFE
