San Sebastián, 20 feb (EFE).- La Audiencia Provincial de Gipuzkoa ha estimado el recurso de EH Bildu y ha revocado el sobreseimiento de una de las querellas del caso Bidegi, relacionado con una presunta malversación de fondos en la construcción de la autopista AP-1.
Audiencia de Gipuzkoa
La Sección Primera de la Audiencia ha dictado dos autos, difundidos por el TSJPV, que revocan sendas decisiones del Juzgado número 2 de Azpeitia, al que ordena que practique una prueba pericial judicial independiente para conocer si realmente se cobraron trabajos no ejecutados en las obras del túnel de Isuskitza, en el tramo Arlaban-Eskoriatza Norte de estas obras.
Se trata de la segunda querella que interpuso la Diputación de Gipuzkoa, cuando la gobernaba EH Bildu, contra los anteriores gestores del PNV, por una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones de euros y un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza. El juzgado la archivó el pasado agosto y ahora la Audiencia ha ordenado su reapertura.
La primera querella, presentada en 2014, fue archivada provisionalmente también a principios de este mes de febrero, un sobreseimiento que ha sido igualmente recurrido por EH Bildu.
En el primero de los dos autos conocidos ahora, la Audiencia revoca una providencia dictada por el juzgado de Azpeitia en la que se denegaba la posibilidad de encargar una nueva prueba pericial independiente, además de otras diligencias.
Caso Bidegi
En consecuencia, dicta otro segundo auto en el que revoca el sobreseimiento y reabre la causa.
El juzgado de Azpeitia contó con dos informes totalmente contradictorios sobre la ejecución de los trabajos de construcción en este tramo.
El primero de ellos, presentado por la Diputación cuando la gobernaba Bildu, lo firmó la empresa Ingeotyc y sus conclusiones llevaron a los gestores forales a determinar que había habido una desviación de 17,1 millones de euros en la liquidación de dichas obras.
Tras las elecciones de 2015, cuando el gobierno de la Diputación cambió de signo y pasó a manos del PNV y del PSE-EE, la institución foral presentó un segundo informe de revisión que rebatía en su totalidad al original y aseguraba que no había habido ninguna desviación.
La juez de Azpeitia dio por buena esta segunda versión, rechazó encargar una pericial independiente -como le habían pedido EH Bildu y la Fiscalía- y consideró que no se había podido determinar si se había defraudado “una cierta cantidad presupuestaria con ocasión de la realización de las obras ejecutadas en la autopista AP-1 Vitoria/Eibar tramo Arlaban-Eskoriatza norte”.
Informe pericial independiente
La Audiencia ordena ahora que se realice un informe pericial judicial independiente y que se soliciten nuevos presupuestos, para lo que fija un precio máximo de 80.000 euros. El tribunal se basa para ello en un presupuesto de 72.000 euros presentado por la acusación popular (EH Bildu) en 2021, al que aplica una subida por el incremento de los costes.
Esta prueba pericial no conllevará trabajos de campo suplementarios, sino que cotejará toda la documentación de la obra empleada por los autores de los dos informes contradictorios que figuran en las diligencias, ya que los presupuestos para comprobar físicamente sobre el terreno el contenido de la obra ejecutada eran excesivamente elevados.
Por este motivo, la Audiencia entiende que “la instrucción no se encuentra finalizada pues debe realizarse el informe pericial judicial independiente”. EFE
