Oviedo (EFE).- El Gobierno del Principado está ultimando unas ayudas específicas destinadas a víctimas mortales de accidentes mortales que se reconocerán para los fallecidos desde 2025 y que podrían rondar los 70.000 o 72.000 euros por unidad familiar, según ha avanzado este martes el consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Guillermo Peláez.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Peláez ha incidido en que estas ayudas, al retrotraerse a 2025, beneficiarán a las familias de los cinco trabajadores fallecidos en el accidente de la mina de Cerredo registrado el 31 de marzo del pasado año, y ha avanzado que se aprobarán «lo antes posible».
El Gobierno del Principado está «trabajando intensamente» en el diseño de estas ayudas «pioneras» para que las personas beneficiarias tengan «absoluta certeza y seguridad jurídica», según su portavoz.
A diferencia del anticipo de indemnizaciones planteado por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé en una iniciativa parlamentaria, estas ayudas, que no incluirían al minero también fallecido en la explotación de Cerredo en 2022, serán «absolutamente compatibles» con las indemnizaciones y compensaciones por seguros a las que puedan tener derecho las familias de las víctimas, ha destacado Peláez.
El Gobierno del Principado celebró ayer una reunión extraordinaria, telemática y monográfica para analizar la propuesta de Tomé y que fue rechaza por la parte mayoritaria socialista del Ejecutivo.
Peláez ha explicado que la propuesta de Tomé suscitaba «enormes dudas legales» a los técnicos del Principado desde el punto de vista competencial puesto que el adelanto de indemnizaciones entra en el terreno de la Seguridad Social, y también desde el punto de vista del principio de igualdad puesto que se trata de una iniciativa para un solo colectivo y no para la generalidad de los siniestros laborales.
Línea de ayudas «pionera»
Frente a ello, el Gobierno está «volcado» en la aprobación «cuanto antes» de una línea de ayudas que será pionera, puesto que solo en Galicia hay algo simular en el ámbito pesquero y por importe de 3.000 euros.
El objetivo del Ejecutivo asturiano, que está barajando una cuantía de entre 70.000 y 72.000 euros por unidad familiar, es que las ayudas sirvan para compensar la pérdida de recursos y de rentas de las familias de las víctimas mortales.
Preguntado por las víctimas anteriores a 2025 o por los heridos en accidentes laborales, Peláez ha insistido en que el Gobierno del Principado está «volcado» en una medida «absolutamente pionera» y que no se cerrará a otras posibles iniciativas.
Peláez ha reiterado que las diferencias en este asunto entre las dos fuerzas que sustentan el Ejecutivo autonómico, PSOE e IU, quedan en el ámbito de los partidos, puesto que el Gobierno está centrado en la aprobación de estas ayudas, en sacar adelante políticas progresistas y en «ensanchar el estado de bienestar».
El portavoz del Ejecutivo también ha insistido en que por ahora no se ha establecido una causalidad entre la labor de la administración y la explosión de gas grisú que mató a cinco trabajadores, y que se debió, según ha remarcado, a una extracción de carbón clandestina que en ningún momento fue autorizada.
A este respecto, ha recordado que en la causa abierta en el Juzgado de Cangas del Narcea solo figuran como investigados los responsables del entramado empresarial vinculado a la mina. EFE
