Algeciras (Cádiz), (EFE).- El juicio contra la presunta red de narcotráfico de los Castaña, con Antonio Tejón al frente y con un total de 152 acusados, ha celebrado este lunes las negociaciones previas en las que se han alcanzado acuerdos para sentencias de conformidad con 62 de ellos, la retirada de la acusación a otros veinte y seis más declarados en rebeldía procesal al no presentarse al juicio.
La presidenta del tribunal ha dado por cerrada la sesión tras tomar declaración a los 62 acusados que han aceptado los hechos tras alcanzar un acuerdo su defensa con la Fiscalía, no detallado en la sala.
Según fuentes jurídicas, la mayor parte de esos acuerdos corresponden a penas de dos años de prisión para acusados considerados integrantes de los escalafones inferiores de la organización de los Castaña, presuntamente dedicada a la introducción de hachís en España procedente de Marruecos.
Cuestiones previas antes del juicio
En el caso de otros veinte acusados, la Fiscalía ha acordado retirar la acusación, por lo que quedan eximidos del caso, mientras que otros seis imputados se declaran en rebeldía procesal tras no haberse presentado al juicio, por lo que se emite una orden de búsqueda para tratar de localizarlos.
Según ha anunciado la presidenta del tribunal, este martes (y en algunos casos, el miércoles, por imposibilidad de hacerlo mañana), se abordarán las cuestiones previas que planteen ambas partes, antes de comenzar con el desarrollo del juicio.
Para el mismo, la jueza había previsto 32 sesiones, si bien hoy ha señalado que espera que las calificaciones definitivas se puedan dar a conocer el 26 de junio tras 28 sesiones, en el que es el mayor juicio por narcotráfico de la historia en España.
La Fiscalía Antidroga reclama para Antonio Tejón, considerado el líder de la organización, 15 años y 9 meses de prisión y 104 millones de euros de multa por delitos contra la salud pública, receptación y contrabando -por el uso de narcolanchas prohibidas- y pertenencia a grupo criminal.
Red con incesante actividad
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EFE, la Fiscalía considera que incluso cuando estaba en prisión logró tejer una red con una “incesante” actividad para introducir alijos de hachís en las costas andaluzas desde Marruecos capaz de operar hasta durante el confinamiento por la pandemia de la covid.
La Junta de Andalucía ha invertido más de 150.000 euros para adaptar la sede judicial para esta causa, empleando cuatro salas conectadas por pantallas y un sistema informático.
Una de ellas la sala de vistas de la primera planta, que acoge al tribunal, fiscales y abogados, además de la mayoría de acusados, y otras tres en la planta baja para el resto de los imputados. EFE
