Madrid (EFE).- Una decena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desgranan este lunes en el Tribunal Supremo las líneas maestras de la investigación que ha acabado sentando en el banquillo por presunta corrupción al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos.
El juicio a Ábalos, su exasesor Koldo García y el reconocido comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos de mascarillas a cambio de comisiones entra en su cuarta semana, en la que está previsto que los tres acusados tomen la palabra ante el tribunal.
«Papel relevante y de responsabilidad» de Ábalos
Pero antes es el turno de los agentes de la UCO que les han investigado, que practicaron las entradas y registros a los domicilios de los tres acusados y que han suscrito los informes que han nutrido la causa.
En uno de ellos, por ejemplo, la UCO apuntaba al «papel relevante y de responsabilidad» de Ábalos en la trama y hablaba de supuestos pagos de Aldama a Koldo García, así como «otras contraprestaciones» al exministro, para tener acceso a él, a quien se referían como «el jefe».
La compra de un chalé en Cádiz por un socio de Aldama para alquilar al exministro o el pago del alquiler del piso donde vivió su expareja -asuntos incluidos por la Fiscalía entre las comisiones que imputa a Ábalos- también formaron parte de los informes que los agentes explicarán este lunes.
Especialmente incisivo se espera el interrogatorio de las defensas de Ábalos y Koldo García, que cuestionan el núcleo de la investigación y que pondrán en duda con sus preguntas aspectos clave como los registros o la cadena de custodia del material intervenido.
Tras la jornada de este lunes, el Supremo reanudará el juicio el miércoles, cuando está prevista la declaración de los tres acusados.
En prisión provisional desde noviembre del año pasado, Ábalos afronta la petición más alta de la Fiscalía Anticorrupción: 24 años de cárcel. El fiscal pide 19 años y medio para su exasesor Koldo García, aunque la acusación popular que coordina el PP pide 30 años para ambos, mientras que Aldama se enfrenta a la menor: 7 años por su colaboración con la Justicia.
