Paula Escalada |
Madrid (EFE).- El significado del término «prioridad nacional», incluido en el acuerdo entre PP y Vox en Extremadura, ha desatado discrepancias entre ambos partidos, que lo entienden de manera distinta, mientras que el Gobierno lo ve ilegal y anticonstitucional.
En un momento en el que las formaciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal se encuentran negociando para cerrar los gobiernos de Aragón y Castilla y León, en las últimas horas la interpretación de este concepto ha multiplicado los roces entre los dos partidos.
¿Qué dice el acuerdo de Extremadura?
En las 23 páginas del acuerdo con entre PP y Vox el término «prioridad nacional» aparece en dos puntos, uno referente a las ayudas subvenciones y prestaciones públicas y otro al sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social.
En ambos puntos se señala, literalmente, que «el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas» o «el acceso a vivienda protegida y alquiler social» se inspirarán en «el principio de prioridad nacional», «adecuado a la legalidad vigente», que «procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».
Después, en ambos casos, se definen los requisitos para acceder a los dos tipos de ayudas. Para las primeras, se incluye, por ejemplo, el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio o la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital.
Para la vivienda social, se exigirá, por ejemplo, un arraigo real y prolongado, basado en empadronamiento histórico en Extremadura, con un mínimo de 10 años para compra y 5 años para alquiler.
El texto de ambos puntos señala además que se instará la modificación de la Ley Orgánica 4/2000 (sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) y de «cuantas disposiciones normativas dificulten la consecución efectiva de lo anterior».
Así lo entiende Vox: españoles primero
Pese a que este último párrafo reconoce implícitamente que una comunidad autónoma podría no tener facultades suficientes para implementar ciertas medidas, Vox no tiene dudas de lo que es la prioridad nacional: los españoles van primero.
Así lo afirmó el martes en una rueda de prensa la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quien pidió a Génova que no torpedee un acuerdo que implica que se atienda «a los españoles sobre cualquier otra consideración», aseguró.
Y lo defenderán también este miércoles en el Congreso en una moción consecuencia de interpelación urgente que también habla de la prioridad nacional entendida de este modo.
Este texto afirma, por ejemplo, que los españoles tienen prioridad en todos «los frentes de la vivienda», que las prestaciones y presiones de naturaleza no contributiva quedan reservadas a los españoles o que los inmigrante ilegales solo puedan hacer uso del sistema sanitario en casos de asistencia urgente o de emergencia.
El PP lo acota al arraigo
El PP no entiende sin embargo de este modo el término, pues lo acota al arraigo. Así lo reiteraron el martes varias figuras del partido, entre ellas Feijóo, quien insistió en que la concesión de las ayudas y prestaciones en la región se harán basadas en el «arraigo» de los solicitantes «con independencia» de su nacionalidad.
Y también reiteró que el pacto está «adecuado a la legalidad vigente» y que sólo implica que hay que procurar la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen «un arraigo real, duradero y verificable con el territorio».
«Lo importante no es lo que consideramos, lo importante es lo que está firmado y lo que está escrito», afirmó el político.
¿Un término inconstitucional?
Si la prioridad nacional se entiende como Vox dice, el término podría atentar contra diversas leyes, entre ellas los artículos 13 y 14 de la Constitución Española.
El 14, por ejemplo, reconoce la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición.
O también contra la conocida como Ley de Extranjería, cuyo artículo 14 señala que los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles.
De hecho, el concepto ha levantado numerosas críticas del Gobierno y de otros partidos. El propio presidente Pedro Sánchez ha afirmado este miércoles en la sesión de control que el pacto da «una patada a la Constitución».
