Logroño, (EFE).- UGT cree que el próximo Gobierno debe acometer de forma urgente la tramitación de la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, un proyecto que quedó parado por la convocatoria electoral de julio pero que “es necesario abordar”.
Así lo ha subrayado la vicesecretaria de UGT, Cristina Antoñanzas, en declaraciones a los periodistas, en el marco de unas jornadas sobre la trata con fines de explotación laboral que realiza su sindicato con el Gobierno de La Rioja.
“Esto es algo que parece que no sucede en España”, ha afirmado Antoñanzas, en alusión a la explotación con fines de explotación laboral; sin embargo, solo en 2022 las fuerzas de seguridad realizaron en España 226 actuaciones contra la trata de seres humanos, 86 de ellas relacionadas con temas laborales, ha detallado.
Por ello UGT ha elaborado una guía para analizar las legislaciones españolas (nacional y autonómicas) sobre esta cuestión y también las normas que hay en otros países “para atajar esta problemática” porque, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, más de 21 millones de personas son víctimas de trata en el mundo cada año.
“Los datos de la explotación laboral en España pueden parecer pequeños, pero no hay que olvidar que estas situaciones son muy complicadas de denunciar y de que salgan a la luz”, ha incidido Antoñanzas.
Por ello cree que “es fundamental esa Ley, que estaba en trámite” y que “en ella se usen las mismas calificaciones para la explotación laboral que la sexual” porque “hoy en día, por ejemplo, las víctimas no tienen el mismo tratamiento” y “si están en situación irregular en España, a las víctimas de trata con fines sexuales se les ofrece un amplio sistema de protección que no llega cuando son cuestiones laborales”.
Además, otras demandas que hace UGT en este campo son un cambio del Código Penal “porque hay ciertos tipo de delito de explotación laboral que ni siquiera están contemplados” y “pedimos también que todo lo que se incaute a las mafias que operan en este campo se destine a proteger a las víctimas”.
“Sobre todo, lo que queremos es que deje de parecer que esto no ocurre en España”, ha concluido la vicesecretaria general de UGT.
