Martí Puig y Marc Corominas |
Barcelona (EFE).- El Govern de Salvador Illa y ERC han intensificado en las últimas semanas las negociaciones en la carpeta de infraestructuras, tanto en el llamado consorcio de inversiones como en lo relativo a la gobernanza del Aeropuerto de El Prat, unos avances que trazan el camino para un futuro pacto presupuestario.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, anunció el lunes que el Congreso debatirá en dos semanas la toma en consideración de la propuesta para crear un consorcio de inversiones, un instrumento con representación paritaria del Ministerio de Transportes y la Generalitat para acometer inversiones estatales mediante recursos presupuestados pero nunca ejecutados.
Y el miércoles, el presidente catalán, Salvador Illa, aseguró que «de forma bastante inmediata» habrá novedades sobre la participación de la Generalitat en la gobernanza de los aeropuertos.
Estas dos cuestiones no están directamente relacionadas con la negociación de los presupuestos, pero sí deben servir para facilitar las conversaciones entre socialistas y republicanos para que antes del parón del verano el Parlament valide unas nuevas cuentas, las primeras -y posiblemente únicas- de la legislatura.
La sintonía es buena y hay ocho grupos de trabajo en marcha, pero todavía queda camino por recorrer. Distintas fuentes conocedoras de la negociación consultadas por EFE ven reconducida la crisis que llevó a preparar incluso escenarios electorales, pero aventuran que queda por delante al menos otro mes más de conversaciones.
La línea orbital ferroviaria, una vieja conocida
Junqueras defendió el lunes que el primer reto que debería asumir el futuro consorcio de inversiones -siempre que su creación logre el aval del Congreso- es la construcción de un eje ferroviario orbital que conecte las ciudades de la segunda corona metropolitana barcelonesa, esto es, Sitges y Vilanova i la Geltrú con Mataró, pasando por Vilafranca del Penedès, Martorell, Terrassa, Sabadell y Granollers.
Ayer miércoles fue más allá y fijó como condición para que los republicanos avalen los presupuestos que Illa asuma un «compromiso explícito» con su impulso.
Se trata de la llamada Línea Orbital Ferroviaria, con parte de los tramos ya construidos y que consta en el documento Estrategia ferroviaria de Cataluña como uno de los dos «proyectos estructurantes» a acometer con la mirada puesta en 2050, junto con el Eje Transversal.
El mencionado documento eleva la inversión necesaria hasta los 4.000 millones, si bien fuentes de las negociaciones consultadas por EFE calculan que el montante total podría rondar los 5.000 millones.
Pese a su magnitud y que no será una realidad inmediata, el proyecto -cuyas primeras actuaciones se remontan a 2004- cuenta con un Plan Director Urbanístico ya aprobado en fase inicial que fija las necesarias reservas de suelo y está actualmente en exposición pública. Los republicanos valoran que es una obra que daría resultados tangibles de cara a la ciudadanía.
La gobernanza de El Prat, una vieja reivindicación
PSC y ERC coinciden: el modelo a seguir es el del Puerto de Barcelona, cuyo presidente es designado por la Generalitat y que cuenta con un consejo de administración cuyos asientos se reparten entre las distintas administraciones -central, autonómica y locales- y representantes económicos y sociales. Todo ello, siendo propiedad al cien por cien de Puertos del Estado.
Pero con los aeropuertos, y en concreto con el de El Prat, difícilmente puede suceder lo mismo, dado que la propiedad es de Aena, grupo que se cuenta entre los principales valores del IBEX 35: el 51 % pertenece al Estado y el restante 49 % está en manos privadas.
En el marco de la investidura de Illa, PSC y ERC dejaron de lado la polémica ampliación del aeropuerto barcelonés y se centraron en la carpeta de la gobernanza.
Acordaron la constitución de dos nuevos entes: el Consejo Rector Aeroportuario de Cataluña, para que la Generalitat tenga «un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán», y la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, para apoyar el «nuevo modelo de gobernanza que centralizará las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria».
El Govern, según fuentes consultadas por EFE, ultima un proyecto de ley sobre la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña, a la que ya se dio una primera luz verde en enero. El objetivo proclamado por el ejecutivo es que este organismo esté plenamente operativo el 1 de enero de 2027.
Se trata de un «primer paso pequeño» sobre la gobernanza que las dos partes desvinculan de la negociación presupuestaria, aunque los tempos puedan coincidir.
Tras anunciarse el pacto entre gobierno vasco y Ejecutivo central para la «cogestión» de los aeródromos del País Vasco, el Govern de Illa afirmó que «ninguna comunidad autónoma tendrá más competencias en materia aeroportuaria que Cataluña». Fuentes de las negociaciones van más allá y sostienen que ese acuerdo no colma las ambiciones catalanas.
