Elena Sánchez Lasso |
Madrid (EFE).- La bicicleta, con más de 12 millones de unidades vendidas en España en los últimos 10 años y en donde, al menos, 7 de cada 10 hogares tiene una, se erige en instrumento dinamizador para mitigar el cambio climático y garantizar urbes más sostenibles, seguras y sanas en periodos electorales.
A pocos días de los comicios autonómicos y municipales en España, Laura Vergara, gerente de ConBici -coordinadora en defensa de la bicicleta y representante de los usuarios-, ha explicado que la bicicleta dispondrá de un espacio electoral propio al ser “una herramienta para captación de fondos europeos”.
Además está alineada con 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y prioriza la recuperación del espacio publico como eje de las políticas públicas, ha incidido Vergara, quien destaca un auge “sin precedentes” tras la pandemia, con más de 700.000 nuevos usuarios, además de una reducción progresiva de la brecha de género.
Un elemento emergente en la movilidad urbana
Estamos ante un sector con “mucho potencial”, en proceso de profesionalización, porque la bicicleta es un elemento emergente de la movilidad urbana, pero su eclosión, como forma normalizada de desplazamiento en el conjunto del país, requiere un “esfuerzo considerable y duradero de alineación de políticas públicas”, ha señalado Vergara.
Vergara ha valorado con “optimismo” que, en general, todos los partidos tienen la movilidad sostenible como uno de sus retos, a la par que los ayuntamientos -de cualquier signo político- están haciendo fuertes inversiones ciclistas e incorporando a sus equipos técnicos oficinas de la bicicleta o sistemas de gobernanza.
En este punto ha destacado los grandes esfuerzos e inversiones en muchas ciudades en España en temas de infraestructuras como, por ejemplo, Rivas (Madrid) y por supuesto, sin olvidar a grandes urbes como Vitoria, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid o Donosti.
Asimismo, ha precisado que la bici también servirá para reforzar medidas como zonas de bajas emisiones, mejorar la calidad del aire y para redistribuir el espacio público, por lo que, “no creo que haya ningún ayuntamiento, ni ninguna candidatura que pueda mirar hacia otro lado cuando se hable de ellas”, ha aseverado la experta.
Unos servicios adecuados, fundamentales
A su juicio, las alcaldías necesitan técnicos especializados en movilidad activa, tanto peatonal como ciclista para “desarrollar y ejecutar proyectos siempre en colaboración con los grupos locales y con la experiencia de los usuarios de la bicicleta”.
A estas medidas habría que sumar servicios que fomenten la ciclabilidad, como una red de infraestructura ciclista, pero también aparcamientos seguros de servicios de bicicleta pública en aquellas ciudades en las que pueda haber una alta demanda, sin dejar atrás programas de formación en los centros educativos.
La experta ha hecho hincapié en que el uso de la bicicleta aporta más ventajas: un menor coste en su compra y mantenimiento frente a los automóviles, rebaja la contaminación acústica al sustituir desplazamientos motorizados y mitiga el cambio climático con emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mucho más reducidas que los vehículos motorizados.
Una cuestión de salud pública
En el plano de la salud, Vergara ha explicado que el uso de la bici está directamente vinculado con lo que las políticas de salud pública entienden como “una vida más saludable y libre de humos”, al contribuir con menor carga de enfermedades derivadas del sedentarismo y evitando centenares de muertes prematuras al año por la actividad física asociada al pedaleo.
Los efectos también serían notables para el caso de muchas enfermedades, al evitarlas o reducir su intensidad, como el caso de enfermedades cardiovasculares y metabólicas además de estrés, depresión y ansiedad, entre otras.
La bicicleta es, por tanto, un sector con mucho futuro en el que todavía existe “un gran margen de mejora en su uso”, ha concluído.
