Madrid (EFE).- El Gobierno andaluz ha dado luz verde a la tramitación de la proposición de ley que amplía la zona regable en la corona norte del Parque de Doñana, pese a las amenazas de la UE de multar a España si se legalizan más regadíos y la oposición del Gobierno central.
En un nuevo toque contra la Junta de Andalucía, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha instado al presidente, Juanma Moreno, a no “tontear” con la reordenación del regadío en Doñana porque el aviso desde Europa es “muy serio” y “nos puede costar mucho dinero a los españoles”.
Doñana, Patrimonio de la Humanidad
Doñana fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1980 y, posteriormente, Patrimonio de la Humanidad en 1994. Esto lo convierte en uno de los espacios protegidos más conocidos de Europa.
Se despliega sobre una superficie de más de 122.000 hectáreas en una decena de municipios de las provincias andaluzas de Huelva, Sevilla y Cádiz a través de dos figuras formales: el Parque Nacional, creado en 1969, y el Parque Natural, creado en 1989 y ampliado en 1997.
Por su extensión y ubicación en el entorno del Estrecho de Gibraltar acoge hasta a 200.000 ejemplares de especies de avifauna: desde águila imperial hasta chorlitejo patinegro, pasando por flamenco o halcón peregrino, entre muchas otras.
Sin embargo, la región alberga también numerosas explotaciones agrícolas que han prosperado incluso a base de pozos ilegales. Los pozos extraen agua del mismo acuífero que debe sostener el equilibrio ecológico en la zona, para producir esencialmente fresas y frutos rojos que se exportan luego a todo el continente.
Un demoledor informe del CSIC
El director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, analizó la proposición de ley y presentó un informe con datos alarmantes. Estos revelan que el deterioro del sistema de lagunas de Doñana es generalizado. El 59% de las lagunas de mayor tamaño de la reserva no se han inundado al menos desde 2013.
Toda esta situación está teniendo repercusiones sobre la fauna y la vegetación singular de Doñana. Por ejemplo, al acortarse el periodo de inundación de las lagunas temporales, los anfibios han perdido gran parte de sus lugares de reproducción.
Otros hábitats como el monte negro también dependen directamente de un acuífero en buen estado.
Revilla manifestó que “la explotación actual del acuífero no es sostenible”. Se extrae más recurso del que se regenera anualmente. Atribuye la responsabilidad a las administraciones competentes y señala la “falta de voluntad política” para solucionar el problema.
Sentencias europeas señalan la falta de protección
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) determinó en una sentencia de 2021 que España no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales y las de agua para el abastecimiento urbano en la estimación de las extracciones de agua subterránea de la comarca de Doñana al elaborar el Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021.
También denunció que no había emprendido ninguna medida para evitar la alteración de hábitats protegidos.
La Comisión Europea ha advertido que España se enfrentará a sanciones económicas si esta ley sigue adelante, ya que vulneraría lo dispuesto por el TJUE.
El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginius Sinkevicius, se ha comprometido en una reunión en Bruselas con la Junta de Andalucía a “evaluar” los argumentos a favor de la nueva ley de regadío en Doñana e insistió en la necesidad de proteger el acuífero del Parque Natural.
El Gobierno español, en contra de la iniciativa
El Ministerio para la Transición Ecológica ha asegurado que “no ha negociado, ni mucho menos ha llegado a ningún acuerdo” con PP y Vox para “aumentar los regadíos en Doñana”.
La ministra de este ministerio, Teresa Ribera, ha advertido de que denunciará a la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional (TC) si no retira la proposición de ley de ampliación de regadíos en Doñana.
El Gobierno ha denunciado que esta iniciativa “desprecia” el papel del Consejo de Participación de Doñana y ha defendido que el Ejecutivo andaluz debería tramitarla como proyecto de ley, para que las administraciones y órganos competentes puedan entregar informes.
Por su parte, el consejero andaluz de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, ha subrayado que las soluciones para los agricultores “jamás pasan por obtener ni un solo litro del acuífero de Doñana”.
Qué alega el Gobierno andaluz
El Gobierno andaluz defiende que, pese a la ampliación de regadíos, no autorizará ninguna extracción de aguas del acuífero de Doñana, mermado por los pozos ilegales y la sequía, y que se concederá el derecho de riego a nuevas hectáreas a través del agua superficial que llegaría a través del trasvase de la demarcación Odiel-Tinto-Piedra que, según la Junta, tiene que acometer el Estado.
La Junta de Andalucía ha expresado asimismo su satisfacción tras la reunión mantenida con la Comisión Europea sobre la proposición de ley y ha afirmado que “era necesaria para llevar a Bruselas la visión de la Junta de Andalucía y creemos que contribuirá a apaciguar la tensión”.
El PP y Vox pretenden dar una solución a los agricultores y regantes de la zona que han denunciado que el anterior Plan de la Fresa (2014), les dejó fuera pese a tener ya actividad en la zona, esencialmente el cultivo de fresas y frutos rojos.
“Queremos poner una solución para que nadie pueda conseguir agua del subsuelo, para que no se amplíen los regadíos y poner orden en el caos que han creado ellos durante tantos años de gobierno”, en referencia a los más de 40 años consecutivos -entre 1978 y 2019- en los que Andalucía fue gobernada por el PSOE, hasta la victoria de Moreno en las anteriores elecciones autonómicas.
Ecologistas lo tachan de “electoralista y poco responsable”
Tanto WWF como Ecologistas en Acción denunciarán ante la Unión Europea esta proposición de ley. Consideran que supone una violación de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo. Además, empeorará el delicado estado en el que se encuentra Doñana.
Ecologistas en Acción consideran que “el interés público superior de Doñana está siendo sistemáticamente vulnerado y supeditado a intereres económicos que van en su contra”.
Por ello, han indicado que acudirá a las instancias superiores que puedan proteger sus valores y su integridad, como la Unesco y la Comisión Europea, para salvaguardar sus recursos naturales y su biodiversidad.
Ambas organizaciones consideran que se trata de una propuesta “electoralista, cortoplacista y poco responsable”
